WASHINGTON DC (EFE).- Grupos proinmigrantes y voluntarios denuncian que cada vez es más frecuente la intimidación de autoridades migratorias que buscan frenar la ayuda humanitaria que prestan y su apoyo a los santuarios que acogen indocumentados.
“Estamos frente a una supresión política por parte del Gobierno”, dijo a Efe Danny Cendejas, director de la coalición nacional contra las injusticias Detencion Watch Network.
El activista aseguró que durante la Presidencia de Donald Trump se han acentuado la represalias de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP, en inglés) contra estos grupos civiles.
“En otras administraciones hemos visto este tipo de acoso, pero ahora con el sentimiento racista anti-inmigrante de la administración Trump este se ha amplificado, es más directo, es una táctica para silenciar a los que denuncian las prácticas injustas que agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza llevan a cabo”, manifestó el activista.
“Estamos ante un patrón de represión en contra de personas que trabajan con las comunidades inmigrantes a través del país”, indicó a Efe Alicia Dinsmore, portavoz de la organización humanitaria del desierto de Arizona “No Más Muertes”.
Los grupos denuncian acoso ya sean mediante deportaciones o cargos federales contra activistas humanitarios que tratan de aliviar la situación de indocumentados o que hablan en contra de las agencias migratorias.
Señalan por ejemplo, la deportación el pasado 16 de enero del haitiano Jean Motrevil, cofundador de la Nueva Coalición del Movimiento Santuario en Nueva York, tras ser detenido por ICE a las afueras de su vivienda pese a que tenía programada una cita con Inmigración para finales de este mes.
En Seattle (Washington), Maru Mora Villalpando, fundadora de Latino Advocacy, asegura estar en la mira de ICE, después que recientemente recibiera una citación para presentarse ante las autoridades federales a pesar de que ICE no tiene ningún caso abierto en su contra.
“ICE solamente sabe de mi por el trabajo que hago”, manifestó a Efe la mexicana, líder del Northwest Detencion Center Resistance (NWDCR).
Este grupo fue establecido cuando inmigrantes detenidos en el Centro de Detención del Noroeste, en Tacoma (Washington), comenzaron una serie de huelgas de hambre en 2014 en protesta por el trato que recibían.
“He defendido a los inmigrantes en detención y compartido mi historia como madre indocumentada; la administración tiene miedo y quiere callarnos”, se lamentó.
ICE, por su parte, negó a Efe que se enfoque en extranjeros que estén de forma indocumentada en el país como represalia por comentarios críticos en su contra.
“Cualquier sugerencia de lo contrario es irresponsable, especulativa e inexacta”, afirmó la agencia federal.
Sin embargo, voluntarios, como el estadounidense Scott Warren, profesor de la Universidad del Estado de Arizona (ASU), también han enfrentado problemas con agencias federales de inmigración.
Warren, quien ayuda al grupo “No Más Muertes”, fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza y está acusado de cargos federales de “albergar” indocumentados.
Su detención este mes se llevó a cabo después de que el grupo humanitario diera a conocer imágenes grabadas que ponen en evidencia a oficiales de la Patrulla Fronteriza destruyendo y arrojando agua que estos voluntarios dejan en el desierto para salvar las vidas de los inmigrantes.
“Desde el inicio de la administración Trump hemos experimentado un cambio de actitud por parte de la Patrulla Fronteriza”, expresó la portavoz de “No Mas Muertes”.
La Patrulla Fronteriza arrestó a dos indocumentados que eran ayudados por Warren dentro de un campamento de “No Más Muertes” en Arivaca (Arizona), cerca de la frontera con México, lo que le puede implicar al voluntario una sentencia máxima de cinco años de prisión.
Además, Warren y otros ocho voluntarios fueron acusados de entrar sin permiso al Refugio Nacional de Cabeza Prieta, manejar un auto adentro y abandonar cosas de sus propiedad, tras dejar agua y comida para los inmigrantes.
Estos hechos ocurrieron entre junio y diciembre de 2017, y cada voluntario enfrenta hasta seis meses de prisión y una multa de 400 dólares.
Dinsmore precisó que el refugio nacional cambió en 2017 sus políticas y realizó modificaciones en el lenguaje de las solicitudes de permisos para ingresar al parque, haciendo más difícil su trabajo humanitario.
“Las vidas de las personas de color, de los inmigrantes indocumentados que viven en este país, los que cruzan la frontera, están bajo ataque por la presente administración”, se quejó Dinsmore.
“Un ataque en contra de la ayuda humanitaria es un ataque también en contra de estas personas”, agregó.
