HARTFORD.- Cientos de trabajadores sociales estatales podrán teletrabajar alrededor del 70 por ciento del tiempo hasta finales de diciembre, según un fallo de un facilitador laboral, publicado el viernes pasado.
La decisión vinculante resuelve cinco meses de tensión entre la administración del gobernador Ned Lamont y el sindicato laboral más grande del gobierno estatal, el Council 4 de la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME).
La decisión del árbitro Michael R. Ricci, que entra en vigor de inmediato, se aplica a aproximadamente 600 empleados asignados en gran parte a las oficinas de campo del Departamento de Servicios Sociales. La administración y los sindicatos volverán a evaluar las condiciones laborales a principios de 2022.
Los representantes de esos trabajadores habían presentado quejas por prácticas laborales injustas contra el Departamento, argumentando que la comisionada Deidre Gifford no cumplió con un acuerdo alcanzado el 30 de julio entre el sindicato y la administración en un intento por resolver el problema del trabajo desde casa.
“Nuestros miembros son profesionales capacitados, que se dedican a cumplir la misión de nuestra agencia”, expresó Jay Bartolomei, supervisor de servicios de elegibilidad en el Departamento de Servicios Sociales, y presidente del sindicato AFSCME Local 714, una de las dos unidades de negociación dentro del Counsil 4 afectadas por el fallo.
“No puedo hablar de lo que motivó a la comisionada y su equipo de alta gerencia a interrumpir nuestro trabajo y nuestro bienestar al ignorar el acuerdo de teletrabajo. Puedo decir que nuestros miembros agradecerán la decisión de un árbitro que reafirme que el acuerdo de teletrabajo es justo, razonable y útil tanto para los empleados como para las personas a los que servimos”, agregó Bartolomei.
El portavoz del Departamento de Servicios Sociales, David Dearborn, indicó que la agencia estaba revisando el fallo, pero no hizo más comentarios.
Ni el sindicato ni el departamento obtuvieron todo lo que buscaban en la decisión.
Poco después del brote de coronavirus en marzo de 2020, Lamont ordenó a la mayoría de los empleados estatales que podían realizar su trabajo desde casa que lo hicieran la mayor parte del tiempo.
Un acuerdo temporal entre la dirección y los sindicatos permitió a muchos empleados trabajar desde su casa hasta el 80 por ciento del tiempo.
A mediados de mayo de 2021, Lamont envió a la mayoría de los empleados estatales un correo electrónico advirtiendo que muchos volverían a trabajar en persona ese verano.
Más negociaciones produjeron un acuerdo estipulado el 30 de julio que pedía un “período de reinicio” de 60 días.
Básicamente, eso significaba que, durante agosto y septiembre, los trabajadores podían seguir las mismas reglas que habían seguido antes de julio, siempre que no hubiera cambios significativos en los servicios o responsabilidades de sus respectivas agencias.
Una vez que el “período de reinicio” había terminado, a principios de octubre, la gerencia y el personal reevaluarían y establecerían nuevos límites.
Pero muchos trabajadores sociales dijeron que los estaban presionando para que trabajaran al menos el 50 por ciento del tiempo en la oficina, a pesar de que no había habido cambios sustanciales en sus funciones.
Más de 600 miembros del sindicato AFSCME firmaron una petición acusando al Departamento de Servicios Sociales de no adherirse al acuerdo del 30 de julio y se presentaron múltiples cargos por prácticas laborales injustas.
La relación de Lamont con todos los sindicatos de empleados estatales ha sido algo tensa durante sus casi tres años en el cargo.
