HARTFORD.- El senador federal de Connecticut, Chris Murphy, y otros legisladores demócratas están reintroduciendo una legislación para financiar a los trabajadores sociales, enfermeras y psicólogos escolares, mientras prohíben que los estados y las ciudades utilicen ese dinero federal para pagar a los oficiales de los recursos escolares.
La Counseling Not Criminalization In Schools Act es un intento de abordar las necesidades de los estudiantes al destinar más dinero para apoyar al personal en lugar de a la policía. Buscan evitar un aumento en el número de arrestos de los estudiantes, precisó Murphy.
“A nivel nacional, hay 10 millones de niños en las escuelas rodeados de policías, pero sin trabajadores sociales”, precisó Murphy, citando un informe de la American Civil Liberties Union (ACLU) llamado Cops and No Counselors, How the Lack of Mental Health Staff is Harming Students.
La legislación proporcionaría 5 mil millones de dólares en subvenciones para las enfermeras escolares, trabajadores sociales, psicólogos y otro personal de apoyo, explicó Murphy.
El gobierno federal ha gastado mil millones de dólares otorgando subvenciones a los distritos escolares para los oficiales de recursos escolares desde 1999.
Según la legislación, los distritos escolares aún podrían financiar a la policía en las escuelas con dólares estatales y locales.
“No es una prohibición de tener policías en las escuelas. Es simplemente ayudar a fortalecer el personal de apoyo escolar”, enfatizó el Senador federal.
Las niñas afroamericanas en Connecticut tienen seis veces más probabilidades de ser arrestadas en la escuela que las niñas blancas, de acuerdo con el informe de la ACLU.
Por su parte, los estudiantes hispanos también tienen seis veces más probabilidades de ser arrestados en las escuelas que tienen policía que sus contrapartes en los centros educativos sin policía, según un informe de Connecticut Voices For Children.
El informe de la ACLU concluyó que 16 millones de estudiantes estadounidenses están en las escuelas con policías, pero sin consejero, enfermera, psicólogo o trabajador social.
Además, encontró que 6 millones de estudiantes están en escuelas con policías, pero sin psicólogos escolares; 3 millones tienen policías pero no enfermeras en las escuelas y 1.7 millones tienen policía pero no consejeros.
Connecticut obtuvo resultados ligeramente mejores que los promedios nacionales, según los datos de la ACLU, con una proporción de 580 estudiantes por trabajador social.
Ningún Estado alcanzó la proporción recomendada de 250 estudiantes por trabajador social.
Connecticut superó la dotación de personal recomendada para las enfermeras escolares y psicólogos escolares en el informe de la ACLU con una enfermera escolar para 435 estudiantes y un psicólogo escolar para 548 estudiantes.
El punto de referencia nacional es de 750 estudiantes por enfermera escolar y 700 estudiantes por psicólogo escolar.
La legislación se presentó el año pasado antes de las elecciones de noviembre, pero nunca se sometió a votación.
Los senadores Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, y Tina Smith, demócrata de Minnesota, lo copatrocinan con Murphy en el Senado, y los representantes federales Ayanna Pressley, demócrata de Massachusetts, Jamal Bowman, demócrata de Minnesota, y Ilhan Omar, demócrata de Minnesota, patrocinan la legislación en la Cámara.
Murphy se negó a especular sobre un plazo para la aprobación o cuándo los distritos escolares podrían buscar fondos de subvención. Pero dijo que esperaba que la legislación provocara una discusión y un debate honesto sobre el papel de la policía y el personal de apoyo a la salud mental en las escuelas.
Murphy reconoció que las escuelas de Connecticut han trabajado para reformar las prácticas y reducir los arrestos. Pero dijo que los estudiantes afroamericanos en las escuelas con policías todavía tienen una tasa de arrestos seis veces mayor que en las escuelas sin policías.
