BRIDGEPORT.- En un esfuerzo por ampliar la definición de violencia doméstica para incluir el control coercitivo, el Comité Judicial remitió la legislación al Senado estatal el jueves pasado.
“Esta es una legislación innovadora para Connecticut de muchas maneras porque garantiza los derechos de todas las víctimas, adultos y niños, a estar a salvo”, declaró el senador Alex Kasser, demócrata de Greenwich, quien trabajó en el proyecto de ley durante casi dos años.
“Esta legislación es un gran paso adelante para todos los sobrevivientes del control coercitivo, incluido yo mismo”, dijo Kasser después de la votación.
Una abrumadora mayoría de miembros del comité votó a favor de la legislación y un puñado de republicanos votó en contra.
El proyecto de ley crea por primera vez una definición de violencia doméstica que incluye el control coercitivo, que engloba conductas como la retención de recursos para permitir que una persona viva de forma independiente o abandone la relación, amenazas e intimidación, que se aplicarían a los casos de custodia y tribunales de familia.
También proporciona más representación legal para las víctimas en los cinco distritos judiciales que reciben la mayor cantidad de solicitudes de órdenes de restricción: Bridgeport, New Haven, Stamford, Waterbury y Hartford. Establece un estándar para los “litigios vejatorios”, una táctica común utilizada por los abusadores en los procedimientos judiciales, y define lo que los jueces deben considerar en los casos de custodia, incluidas las denuncias de violencia doméstica.
“La gente asume que el derecho de un niño a estar seguro es la máxima prioridad en los casos de custodia. De hecho, no es así como se escribe o se practica nuestra ley. Este proyecto de ley exige explícitamente que los tribunales consideren la seguridad física y emocional del niño”, comentó Kasser.
Numerosos sobrevivientes de violencia doméstica hablaron durante una audiencia pública el mes pasado, y muchos, entre ellos la representante Robyn Porter, demócrata de New Haven, sostuvieron que, sin los cambios en la ley, los tribunales de Connecticut no tienen suficiente poder para tratar adecuadamente la violencia doméstica.
“Es fundamental hacer esto en este momento”, dijo Porter antes de alentar a sus colegas a votar por el proyecto de ley.
Kasser comenzó a trabajar en el proyecto de ley después de la desaparición de Jennifer Dulos en mayo de 2019.
Jennifer Dulos solicitó una orden de restricción en 2017 cuando dejó a su esposo. Pero la evidencia que presentó no entraba en la categoría de abuso físico, por lo que un juez denegó su solicitud, a pesar de que ella dijo que tenía miedo de su esposo y le dijo al tribunal que la había echado de la casa y la había amenazado cuando se negó a firmar un acuerdo de custodia.
Sus restos no han sido encontrados. Dulos dejó a cinco hijos que ahora están al cuidado de su madre de 85 años.
La policía acusó a Fotis Dulos de su desaparición y asesinato unos 18 meses después. Intentó suicidarse y murió tres semanas después de su arresto.
El proyecto de ley también honra a Jennifer Magnano al asegurarse de que las víctimas conozcan su derecho a testificar en las audiencias judiciales de forma remota, indicó Kasser.
“Después de su muerte, se aprobó una ley que otorgó a las víctimas de violencia doméstica el derecho a participar en los procedimientos judiciales desde fuera del tribunal, por lo que no tenían que estar en presencia de su abusador”, agregó el Senador.
“Pero la ley nunca se aplicó en la práctica. Ahora con este proyecto de ley, las víctimas de violencia doméstica serán informadas de sus derechos a participar de forma remota. Esta es otra forma de mantener a las víctimas a salvo”, señaló Kasser.
El representante Craig Fishbein, republicano por Wallingford, estuvo entre los que votaron en contra del proyecto de ley.
“Reconoceré que hay algunas cosas buenas en este proyecto de ley. También hay algunas cosas preocupantes”, argumentó.
Fishbein cuestionó la constitucionalidad de permitir que las víctimas testifiquen o asistan a los procedimientos judiciales de forma remota.
“Nuestra constitución dice que tenemos derecho a enfrentar a nuestros acusadores cara a cara. También hay un problema con que las víctimas puedan presentar sus declaraciones electrónicamente sin que se certificaran ante notario bajo juramento para obtener una orden de restricción”, apuntó el republicano.
