MOUNT VERNON.- Un macabro hallazgo fue realizado recientemente en Mount Vernon, Westchester, cuando autoridades estatales descubrieron 13 cuerpos en avanzado estado de descomposición y 17 cajas de restos cremados dentro de una funeraria que operaba sin licencia.
La inspección, realizada por el Departamento de Salud del estado de Nueva York, destapó condiciones que funcionarios describieron como deplorables en el interior del lugar.
El establecimiento implicado fue el Camelot Funeral Home, ubicado en Westchester, cuyo director, Michael Naughton, fue acusado formalmente de operar sin la debida autorización legal.
Según los informes, la funeraria había continuado realizando servicios funerarios durante meses a pesar de no contar con licencia activa.
Las autoridades detallaron que los cuerpos estaban dispersos en varias habitaciones del edificio y que dos de ellos estaban incluso apilados en el garaje.
En el sótano, además de los cuerpos, se hallaron las 17 cajas con restos cremados, lo que intensificó la preocupación por el manejo inadecuado de los fallecidos.
Entre los cuerpos encontrados estaba el de Estella Washington, una mujer de 74 años cuya familia había confiado en la funeraria para su cremación tras su fallecimiento en noviembre de 2025.
Su hija, Aloma Washington, afirmó que nunca recibieron los restos, pese a que se les había prometido que serían cremados pocos días después de los servicios.
La investigación también reveló que no se encontró un solo certificado de defunción de ninguna de las personas cuyos cuerpos o restos estaban en la funeraria, lo que sugiere graves fallas en la documentación y en el cumplimiento de las normas estatales sobre manejo de fallecidos.
Las autoridades han instado a familias que podrían estar afectadas a comunicarse con la Oficina del Fiscal General de Nueva York.
Naughton, cuya licencia fue revocada por primera vez en 2019 y cuyo negocio había sido clausurado y reabierto varias veces, enfrenta cargos y deberá comparecer nuevamente ante la corte más adelante este mes.
El caso ha generado indignación en la comunidad local y abierto un debate sobre la regulación y supervisión de los servicios funerarios en el Estado.
