NUEVA YORK.- La Oficina de la Fiscal General del estado de Nueva York logró una victoria legal para las familias inmigrantes afectadas por un fraude inmobiliario en Brooklyn, obteniendo un fallo que obliga al propietario a pagar más de 4.2 millones de dólares en restitución.
El caso se centró en el desarrollador Xi Hui “Steven” Wu y las empresas relacionadas con él, TCJ Construction Inc y 345 Ovington LLC, quienes engañaron a al menos 20 familias inmigrantes chinas vendiéndoles unidades de condominios en la avenida 345 Ovington de Bay Ridge, que en realidad nunca existieron legalmente.
Wu nunca completó el proceso de subdivisión del edificio ni creó los títulos de propiedad correspondientes, pese a cobrar grandes sumas de dinero a los compradores.
Según la investigación de la Oficina de la Fiscal General (OAG), las familias pagaron más de 5 millones de dólares en pagos iniciales, cuotas mensuales y supuestas tarifas de condominio, creyendo que estaban comprando legalmente sus hogares.
En realidad, no recibieron títulos de propiedad y muchos ni siquiera tenían contratos formales, lo que dejó a estas familias sin derechos legales sobre sus viviendas.
El fallo del Tribunal Supremo del Condado de Nueva York ordena a Wu pagar 4 millones 227 mil 888 dólares en restitución, además de intereses del nueve por ciento retroactivos desde 2016, para devolver a las familias el dinero que les fue arrebatado.
El tribunal también determinó que Wu violó leyes estatales, incluyendo el Martin Act y la Ley Ejecutiva 63(12), y le prohibió permanentemente realizar negocios inmobiliarios en el Estado.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la conducta de Wu como una explotación de familias trabajadoras que confiaron en él para cumplir el sueño de la casa propia.
“Estas familias creían que estaban comprando hogares, cuando en realidad les vendieron nada más que mentiras”, afirmó James, destacando que la orden judicial no solo devuelve su dinero, sino que también protege a otros neoyorquinos de futuras estafas inmobiliarias.
Organizaciones comunitarias como Asian Americans for Equality (AAFE) trabajaron junto con la oficina del Fiscal General para evitar desalojos y ayudar a estabilizar la situación de los residentes en el edificio, incluso impulsando planes para convertirlo en una cooperativa de ingresos medios para que las familias puedan permanecer en sus hogares.
