NEW HAVEN.- A partir de octubre, los fiscales de Connecticut deberán cumplir con nuevas limitaciones en su comunicación con autoridades de inmigración federal, bajo una expansión del Trust Act.
Esta reforma extiende las restricciones legalmente existentes a los empleados de la División de Justicia Criminal (DCJ), incluyendo a los fiscales encargados de juicios en todo el Estado.
En respuesta a esta reforma, la DCJ actualizó sus lineamientos internos. Desde el 13 de agosto, el personal debe remitir cualquier solicitud de detención civil emitida por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a un supervisor.
Cada fiscal del Estado será responsable de decidir cómo responder a dichas peticiones. Además, se exige documentar todas las interacciones con agentes de ICE, incluyendo fecha, hora y naturaleza de la solicitud.
Patrick Griffin, Fiscal General del Estado, calificó los cambios como “mínimos”.
Argumentó que los fiscales rara vez interactúan con agentes de inmigración, justamente porque no custodian ni albergan detenidos, y que el estatus migratorio prácticamente no influye en su proceso judicial.
Pese a ello, la creciente presencia del ICE en los juzgados de Connecticut ha generado tensiones y desencuentros. Agentes de inmigración han realizado arrestos en lugares como cortes locales, lo que ha impulsado críticas y generado desafíos logísticos y operativos dentro del sistema judicial estatal.
El gobernador Ned Lamont criticó públicamente la actuación de ICE en los tribunales, afirmando que tales acciones socavan la seguridad pública en Connecticut. Este pronunciamiento reflejó la preocupación oficial por las tácticas de inmigración empleadas dentro de espacios judiciales.
Según datos estatales, ahora la mayoría de los arrestos realizados por ICE en Connecticut corresponden a personas con cargos criminales pendientes. Esto representa una transformación respecto a años anteriores, cuando los casos eran más diversos.
Organizaciones defensoras de inmigrantes en ciudades como Stamford y Danbury denunciaron la ocurrencia de detenciones dentro de juzgados, incluso con agentes entrando a baños del tribunal para arrestar a personas que estaban allí por trámites legales. Estos incidentes generaron indignación y alertaron sobre invasiones al debido proceso.
La expansión del Trust Act, inicialmente aprobada en mayo, amplió las protecciones originales de 2013 al incluir nuevas categorías de funcionarios estatales, como agentes de libertad condicional juvenil, miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional, y el personal de la DCJ.
Además, prohíbe explícitamente a estos funcionarios destinar recursos estatales para informar al ICE sobre la presencia o liberación de individuos bajo ciertas condiciones, salvo excepciones muy específicas establecidas por ley.
