DARIEN.- El Fiscal General William Tong demandó esta semana al operador de plazas de servicio de Connecticut, Project Service, LLC, en nombre del Departamento de Trabajo de Connecticut, con el fin de recuperar 2.7 millones de dólares en salarios no pagados adeudados a los empleados del servicio de alimentos en las 23 plazas de servicio de Connecticut.
La demanda también pretende cobrar otros 2.7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, así como 722 mil dólares en concepto de sanciones civiles impuestas anteriormente pero que nunca se pagaron.
Desde 2009, Project Service ha mantenido un contrato con el Departamento de Transporte del Estado para proporcionar servicio de alimentos a las 23 plazas de servicio de propiedad estatal a lo largo de las autopistas I-95, Ruta 15 y I-395.
A su vez, Project Service contrata a varios operadores de servicios alimentarios.
El acuerdo de Project Service con el Estado les obliga a cumplir las leyes salariales estándar.
En virtud de la legislación estatal, la Comisionada de Trabajo establece una tarifa salarial estándar para cada clasificación de empleados, incluidos los salarios mínimos por hora más un recargo del 30 por ciento para cubrir los beneficios complementarios, como el coste de la atención médica, el tiempo de licencia o la jubilación.
En agosto de 2019, el Departamento de Trabajo recibió una denuncia por impago de salarios en el Taco Bell de Darien.
Esa queja desencadenó una investigación que descubrió un total de 2.7 millones de dólares en salarios no pagados desde el 29 de agosto de 2017 hasta el 20 de septiembre de 2019.
La investigación encontró 2 mil 68 trabajadores impactados en un Taco Bell, Chipotle, Dunkin Donuts y 17 restaurantes Subway.
La investigación encontró que muchos trabajadores, pero no todos, parecían haber recibido el salario mínimo por hora, pero no fueron compensados por los beneficios complementarios obligatorios.
El Departamento de Trabajo informó a Project Service de que debían abonarse los salarios estándar y proporcionó un desglose de los salarios adicionales adeudados a cada empleado afectado.
A pesar de esa notificación, Project Service se ha negado hasta la fecha a pagar a los trabajadores lo que se les debe, y algunos subcontratistas siguen negando a los trabajadores la compensación íntegra que les corresponde, señaló Tong.
El Departamento de Trabajo de Connecticut sigue recibiendo quejas y está investigando activamente otros posibles casos de robo de salarios en las plazas de servicio de Connecticut.
“Estos trabajadores hicieron su trabajo y merecen que se les pague su indemnización íntegra. Project Service fue advertido hace años de que sus subcontratistas estaban pagando mal a los trabajadores en violación de la ley estatal. Se han negado continuamente a compensar a sus trabajadores a pesar de las repetidas advertencias y demandas”, indicó el Fiscal General.
“No nos queda más remedio que emprender una acción legal para obligar a Project Service a devolver 2.7 millones de dólares en salarios atrasados impagados, así como 2.7 millones de dólares en multas adicionales y daños y perjuicios para garantizar que este atroz robo de salarios no vuelva a producirse”, finalizó Tong.
