HARTFORD.- El fiscal general William Tong y el gobernador Ned Lamont reiteraron la defensa del Estado acerca de la ley de Connecticut que prohíbe que la mayoría de las personas posean rifles semiautomáticos y cargadores con más de 10 balas.
“Es indignante que hayan venido a Connecticut para atacar nuestras leyes de armas después de todo lo que hemos pasado. Yo no elegí esta batalla, yo no elegí esta pelea”, declaró Tong, al referirse a la demanda que tiene el Estado por la ley que prohíbe poseer armas de asalto, promulgada después de la tragedia de Sandy Hook en 2012.
El fiscal dijo que es muy inusual que la Asociación Nacional por los Derechos de Armas pida a la corte que invalide una ley que ha estado en los libros durante casi una década.
El grupo, que presentó la demanda original en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en septiembre, presentó el jueves pasado la moción de una orden judicial preliminar.
“Están pidiendo a la Corte que intervenga de inmediato para invalidar la prohibición de armas de asalto y decir que no debe aplicarse. Existe un riesgo realmente real de que pueda suceder pronto”, dijo Tong.
Dijo que se acerca el décimo aniversario de Sandy Hook y que “los extremistas radicales de fuera del Estado quieren venir a Connecticut y derogar las leyes que aprobamos a raíz de esa tragedia”.
Dijo que hacer eso “no solo está mal, es enfermizo. Es por eso que no vamos a hacer retroceder en esta batalla, la vamos a defender con todo”.
Si bien la ley aprobada en 2013, bajo el mandato del ex gobernador Dannel Malloy, ha enfrentado desafíos legales anteriores, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos este verano abrió la puerta a nuevos litigios contra la ley.
Un tribunal superior anuló el proceso de concesión de licencias de armas ocultas de Nueva York en una decisión de 6-3 escrita por el juez Clarence Thomas.
Si bien la demanda de la Asociación Nacional por los Derechos de Armas no cuestiona específicamente el proceso de licencia de armas de fuego, sí abrió la puerta a este tipo de nuevas demandas contra otros tipos de restricciones como las de la ley de Connecticut de 2013.
Después de esa decisión, el tribunal solo puede estudiar el análisis histórico y si la regulación en cuestión es “consistente con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de la Nación”.
“Si no existe una regulación histórica comparable preexistente, es probable que sea inconstitucional”, escribió el abogado de la fiscal general de Connecticut, Cara Passaro, en un memorando de dos páginas en junio pasado.
“Las consecuencias de esta decisión para la seguridad pública en todo el país y aquí en Connecticut son profundas”, escribió Passaro.
Agregó que “los redactores de la Constitución nunca podrían haber imaginado que el AR-15 se utilizaría para masacrar a niños y educadores en Sandy Hook. No sabían que las pistolas fantasma podían imprimirse en 3D en casa y no podían rastrearse cuando se usaban en delitos violentos. Nunca podrían haber imaginado que las armas de fuego se convertirían en la principal causa de muerte entre nuestros niños”.
La Asociación Nacional de Derechos de Armas establece en su orden judicial preliminar que el derecho a poseer estas armas de fuego está protegido por la Segunda Enmienda.
“Los tribunales y las legislaturas no tienen la autoridad para cuestionar las elecciones hechas por ciudadanos respetuosos de la ley al cuestionar si realmente ´necesitan´ las armas que los ciudadanos comunes han elegido poseer”, establece la orden judicial.
El escrito continuó: “el texto simple de la Segunda Enmienda cubre las armas de fuego prohibidas, por lo que le corresponde al Estado intentar justificar su ley como consistente con la tradición histórica arraigada en la Fundación. No es posible que lo haga, porque las armas de fuego prohibidas son comúnmente poseídas por ciudadanos respetuosos de la ley, la corte ya ha establecido que, por definición, no puede haber una tradición de prohibir un arma si es comúnmente poseída”.
El Estado tiene hasta el 18 de noviembre para responder a la orden judicial preliminar.
