HARTFORD.- La Corte Suprema de Connecticut debatió esta semana si un desafío legal a los poderes de emergencia del gobernador Ned Lamont, durante los primeros dos años de la pandemia de COVID-19, es discutible o una oportunidad para examinarlos legalmente antes de futuras crisis.
En los argumentos orales del primer día del nuevo mandato del tribunal, los jueces cuestionaron duramente a los abogados de la oposición sobre cuestiones que surgieron de la delegación de amplios poderes ejercidos por el poder ejecutivo, a partir de marzo de 2020.
El fiscal general adjunto, Timothy Holzman, dijo que el caso es discutible: sus clientes, el gobernador Ned Lamont y la comisionada de Educación, Charlene Russell-Tucker, abandonaron en febrero un mandato de máscara escolar central para el caso.
Norm Pattis, en representación de CT Freedom Alliance en su desafío del mandato de máscara y otras acciones de emergencia, dijo que la demanda debería poder pasar una prueba legal clave.
“Hemos vivido tiempos extraordinarios en los últimos años, y surge la pregunta de cómo nos gobernaremos a nosotros mismos si volvemos a soportar tiempos extraordinarios”, manifestó Pattis.
Pattis afirmó irónicamente que cuatro de los cinco jueces que escucharon la apelación usaban máscaras, lo que respalda efectivamente su tesis de que muchas preguntas planteadas durante los últimos dos años podrían volver a ser relevantes.
“Cuatro de los cinco magistrados están usando máscaras, presumiblemente porque perciben algún riesgo para ustedes o sus seres queridos”, expresó.
El juez Steven Ecker, que no usaba cubrebocas, desafió a Pattis sobre cuáles eran precisamente los problemas ante el tribunal, dado que el mandato del cubrebocas ya no existe y la legislatura ha aprobado leyes que codifican muchas de las órdenes ejecutivas del Gobernador.
Pero Ecker luego advirtió a Holzman que la legislatura puede haber aprobado leyes especiales relacionadas con los poderes de emergencia, pero no ha aprovechado la oportunidad para hacer cambios permanentes que podrían aclarar cuánto tiempo pueden continuar los poderes de emergencia sin que las órdenes ejecutivas se sometan a una revisión más formal.
“Las afirmaciones que plantea el señor Pattis no son frívolas”, dijo Ecker.
El juez Gregory D’Auria, quien solía representar al Estado ante la Corte Suprema como abogado principal de apelaciones del fiscal general, dijo que la evolución de la autoridad para la serie de declaraciones de emergencia era confusa.
“Habiendo estado un poco en su posición antes, me pregunto por qué el Estado no querría que respondiéramos estas preguntas. ¿Qué es lo que el estado no quiere que decidamos?”, dijo D’Auria.
“Bueno, no creo que haya nada que el Estado no quiera que la corte decida”, comentó Holzman.
Pero señaló que el tribunal “generalmente se niega a sopesar cuestiones constitucionales importantes cuando no tiene que hacerlo, y existe el riesgo de hacerlo en circunstancias hipotéticas”.
“Y creo que, dado que el mandato ha sido derogado, no hay una forma real de saber cuáles serán las circunstancias en el futuro y cuáles serán las justificaciones si hubiera un nuevo mandato de máscara. Entonces, una decisión podría correr el riesgo de obstaculizar potencialmente la capacidad del Estado para responder de manera flexible a una futura pandemia”, precisó Holzman.
Según los términos de su declaración de emergencia permitida por las leyes de preparación civil y salud pública, el Gobernador tenía autoridad unilateral para eludir los canales regulatorios o legislativos normales, inicialmente con apoyo bipartidista.
