BRIDGEPORT.- Dos décadas después de su liberación de prisión, Teresa Beatty siente que todavía la están castigando.
Cuando su madre murió hace dos años, el estado de Connecticut embargó la casa de Stamford que ella y sus hermanos heredaron. Dijo que debía 83 mil 762 para cubrir el costo de su encarcelamiento de dos años y medio por delitos de drogas.
Ahora teme tener que vender su casa de 51 años de antigüedad, donde vive con dos hijos adultos, un nieto y su hermano discapacitado.
“Estoy a punto de quedarme sin hogar”, expresó Beatty, de 58 años, quien en marzo se convirtió en la principal demandante en una demanda que desafía la ley estatal que cobra a los presos 249 dólares por día por el costo de su encarcelamiento.
“Simplemente no creo que sea correcto, porque siento que ya pagué mi deuda con la sociedad. Simplemente no creo que sea justo para mí pagar dos veces”, agregó Beatty.
Todos los estados, excepto dos, tienen las llamadas leyes de “pay-to-stay” que hacen que los presos paguen por su tiempo tras las rejas, aunque no todos los estados realmente persiguen a las personas por el dinero.
Los partidarios dicen que las recaudaciones son una forma legítima para que los estados recuperen millones de dólares de los contribuyentes gastados en prisiones y cárceles.
Los críticos dicen que es una segunda pena injusta que dificulta la rehabilitación al endeudar a los ex reclusos de por vida. Se han realizado esfuerzos en algunos lugares para reducir o eliminar tales políticas.
Dos estados, Illinois y New Hampshire, han derogado sus leyes desde 2019.
Connecticut también revisó su estatuto este año, manteniéndolo vigente solo para los delitos más graves, como el asesinato, y eximiendo a los presos de tener que pagar los primeros 50 mil dólares de los costos de su encarcelamiento.
Según la ley revisada, alrededor del 98% de los reclusos de Connecticut ya no tienen que pagar ninguno de los costos de su encarcelamiento después de salir, expresó el representante estatal Steve Stafstrom, demócrata de Bridgeport y patrocinador de la legislación de derogación.
Sin embargo, el estado retuvo su capacidad para cobrar algunas deudas de prisión que ya estaban en los libros antes de que cambiara la ley. No está claro si el cambio en la ley, realizado después de la demanda de Beatty, será suficiente para mantenerla en su casa. Eso se decidirá en los tribunales.
Sus abogados le han pedido a un juez federal que impida que el Estado haga cumplir la ley contra cualquier persona, argumentando que sigue siendo injusta incluso después de las enmiendas.
Beatty reconoce que fue culpable de vender y poseer drogas, pero dijo que nadie le dijo cuando fue a la cárcel que cada día tras las rejas le costaría más que una noche en un buen hotel.
“Simplemente te arrastra de vuelta a la desesperación”, señaló Beatty, quien ha tenido otros roces con la ley por posesión de drogas desde que salió de la cárcel, pero también se convirtió en asistente de enfermería certificada.
Las leyes pay-to-stay se implementaron en muchas áreas durante la era de mano dura contra el crimen de las décadas de 1980 y 1990, explicó Brittany Friedman, profesora asistente de sociología en la Universidad del Sur de California, quien dirige un estudio de la práctica. .
A medida que aumentaba la población carcelaria, según Friedman, los formuladores de políticas cuestionaron cómo pagar los costos del encarcelamiento.
“Entonces, en lugar de aumentar los impuestos, la solución fue trasladar la carga del costo del Estado y de los contribuyentes a los que están encarcelados”, añadió.
Las leyes varían de estado a estado. Muchos, como Connecticut, solo persiguen a los reclusos por el costo del encarcelamiento si ganan dinero después de salir de prisión. Unos pocos, como Carolina del Norte, tienen leyes en los libros, pero casi nunca las usan, precisó Friedman.
La derogación parcial de Connecticut entró en vigencia el 1º de julio. Se proyecta que el Estado recaude alrededor de 5.5 millones de dólares menos por año de los ex prisioneros debido al cambio.
El senador estatal John Kissel, el principal republicano en el Comité Judicial de la legislatura, dijo que se opone a la derogación aprobada por la mayoría demócrata, pero que podría apoyar reformas como permitir que los reclusos paguen sus deudas a plazos.
Connecticut solía cobrar la deuda de la prisión al imponer un gravamen automático a cada recluso, reclamando la mitad de cualquier ganancia financiera inesperada que pudieran recibir hasta 20 años después de ser liberados de la prisión, expuso Dan Barrett, director legal de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut. Eso incluía cosas como liquidaciones de seguros, herencias y premios de lotería.
El estado incluso recaudó dinero otorgado a los reclusos en demandas por supuestos abusos por parte de los guardias de la prisión.
