Fiscalía cuestiona un aumento de $25 millones en las tarifas de agua

HARTFORD.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, pidió a los reguladores estatales rechazar el aumento de $25 millones solicitado por Connecticut Water Company, al considerar que la propuesta no está suficientemente justificada y podría representar una carga económica adicional para las familias.
La solicitud fue presentada ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (PURA), organismo encargado de evaluar los cambios en las tarifas de los servicios públicos.
De aprobarse el incremento, las tarifas del agua subirían más del 18%, lo que representaría aproximadamente 156 dólares adicionales al año para el cliente promedio, según la oficina del Fiscal General.
Connecticut Water Company presta servicio a unos 108,000 clientes de agua en 60 comunidades del Estado y también atiende a aproximadamente 3,000 usuarios de servicios de aguas residuales en Southbury.
La oficina de Tong señaló que, tras revisar la solicitud de la empresa, identificó alrededor de $19 millones en costos que considera excesivos o insuficientemente justificados. Entre sus objeciones figuran las ganancias que busca obtener la compañía, su estructura financiera y determinados gastos empresariales que, según el fiscal general, no deberían trasladarse a los consumidores.
Otro punto de controversia es que Connecticut Water Company solicita una rentabilidad del 10% sobre el capital de sus accionistas.
La fiscalía también cuestiona que se pretenda incluir en las facturas de los clientes gastos relacionados con honorarios de la junta directiva, seguros de responsabilidad y actividades de cabildeo.
Tong sostiene que esos costos deberían ser asumidos principalmente por los accionistas y no por las familias que pagan el servicio.
Por su parte, la compañía ha defendido el aumento al argumentar que necesita recuperar inversiones realizadas en la infraestructura de sus sistemas de agua y aguas residuales.
Según la empresa, ha destinado aproximadamente 145 millones de dólares a mejoras para mantener un servicio confiable y garantizar la calidad del agua potable.
La solicitud contempla un aumento promedio de alrededor de $15.54 mensuales, aunque el impacto podría variar según la zona y el tipo de cliente.
La propuesta todavía debe ser evaluada por PURA, que analizará los costos y determinará qué incremento, si alguno, resulta apropiado.
La intervención de la fiscalía busca reducir la carga financiera sobre los consumidores y evitar que se les cobren gastos considerados injustificados.
Mientras continúa el proceso regulatorio, los clientes deberán esperar la decisión oficial antes de conocer cuánto podrían cambiar sus facturas en 2027.