NUEVA YORK.- Una propuesta recientemente emitida por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) busca modificar las reglas de elegibilidad para la vivienda subsidida por el gobierno federal, incluida la vivienda pública y los vales de Sección 8.
Bajo esta propuesta, todas las personas que soliciten o reciban estos beneficios tendrían que verificar su ciudadanía o un estatus migratorio que califique para recibir asistencia, eliminando opciones que hasta ahora permitían la “no contestación” del estatus migratorio.
Hoy en día, las familias con estatus migratorio mixto, es decir, hogares en los que algunos miembros son ciudadanos o tienen un estatus que califica y otros no, pueden recibir asistencia prorrateada, es decir, los beneficios se calculan solo para quienes cumplen con los requisitos. Pero la nueva regla propuesta eliminaría esa posibilidad, lo que podría dejar a miles sin acceso a subsidios que ahora reciben.
Activistas y defensores de vivienda en Nueva York han advertido que esta medida tendría un impacto profundo en la Ciudad.
Casi 3,000 hogares neoyorquinos con miembros de estatus migratorio mixto, que viven en viviendas subvencionadas por el gobierno federal o con vales de Sección 8, podrían verse directamente afectados si la norma se convierte en realidad, dijeron defensores locales.
El impacto iría más allá de impedir el acceso a nuevos beneficios: se teme que muchas familias actualmente beneficiarias se enfrenten a desalojos o a tener que pagar alquileres enteros si uno o más miembros de su hogar no califican según las nuevas reglas. Esto afectaría no solo a los adultos, sino también a niños y otros familiares con ciudadanía estadounidense o estatus migratorio regular.
Organizaciones como el Center on Budget and Policy Priorities han estimado que alrededor de 20,000 familias a nivel nacional, la mayoría de ellas personas de color, estarían en riesgo de perder asistencia, con una proporción significativa de esos hogares en el estado de Nueva York. Además, defensores de derechos humanos han señalado que la iniciativa renueva esfuerzos anteriores por restringir el acceso de inmigrantes a programas públicos, en un contexto político más amplio de endurecimiento de políticas migratorias.
Aunque la propuesta ha generado fuerte oposición de defensores y representantes locales, aún no es una regla final. El público tiene un periodo de comentarios hasta abril, durante el cual organizaciones pro vivienda y comunidades afectadas pueden expresar su rechazo o preocupaciones.
Mientras tanto, autoridades de vivienda como la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) han señalado que revisan la propuesta, aunque las normas actuales siguen vigentes hasta que se emita una versión final de la regla.
