BRIDGEPORT.- La aplicación de las leyes de inmigración en Connecticut está mayoritariamente en manos de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), cuyo enfoque en el Estado ha ganado atención recientemente debido a un aumento de operativos federales y detenciones de migrantes, generando reacciones diversas entre líderes comunitarios y funcionarios locales.
La actividad del ICE en Connecticut ha incluido redadas en varios lugares del Estado, desde negocios y espacios públicos hasta arrestos en las cercanías de tribunales, a veces captados en video por organizaciones que acompañan a inmigrantes.
Bajo la ley estatal conocida como Trust Act, las agencias policiales locales y estatales tienen restricciones claras sobre cómo pueden interactuar con el ICE; solo pueden cooperar cuando los agentes presentan una orden judicial firmada por un juez, o si la persona detenida ha sido condenada por ciertos delitos graves, entró en la lista de vigilancia antiterrorista o hay otros requisitos legales específicos.
Esta normativa busca limitar la participación de la policía local en la aplicación federal de inmigración y proteger la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades municipales.
A pesar de estas restricciones, los agentes federales han continuado realizando arrestos en todo el Estado, y datos recopilados muestran un incremento de detenciones por inmigración en 2025, incluidas operaciones que abarcaron varios días con decenas de arrestos en diferentes ciudades. Estas acciones han generado inquietud entre los inmigrantes, que a menudo se enteran de las operaciones solo después de que ocurren, ya que los agentes federales no siempre notifican a las autoridades locales antes de intervenir.
Las acciones del ICE han provocado preocupación en múltiples comunidades, con relatos de detenciones que incluyen a personas sin antecedentes penales graves o solo por violaciones de estatus migratorio, lo que ha generado protestas y llamados a limitar aún más la presencia de ICE en lugares como tribunales y escuelas.
Algunos defensores señalan que estas prácticas pueden crear miedo y desconfianza en comunidades de inmigrantes, que a menudo se sienten vulnerables al ser detenidos cerca de lugares públicos o familiares.
Además del aumento de arrestos, varios municipios han debatido políticas sobre cómo manejar la presencia de oficiales federales y cómo comunicar estas acciones a sus residentes.
Ciudades como Bridgeport, New Haven, Hamden y Middletown han explorado medidas para proteger la privacidad de los inmigrantes y limitar la colaboración con agencias federales, incluso pidiendo que los agentes identifiquen sus credenciales durante operativos.
La tensión también ha llegado al plano legislativo estatal, donde algunos miembros del Congreso estatal de Connecticut están considerando nuevas leyes para reforzar la responsabilidad y la supervisión de las acciones de ICE dentro del Estado, incluyendo posibles mecanismos legales para que agentes federales rindan cuentas en tribunales estatales si se alega que violan los derechos de los inmigrantes.
