NY liberó a 7,000 indocumentados delincuentes en las calles solo este año sin notificar al ICE, según informe

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NUEVA YORK.- El estado de New York habría liberado casi 7,000 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales durante este año, sin notificar al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), de acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre los liberados figuran personas acusadas o condenadas por crímenes graves como homicidios, violaciones, intento de asesinato y explotación infantil, así como delitos graves de armas, drogas, robos y agresiones.

Un caso destacado, y que ha generado fuertes críticas, es el de un hombre de origen mexicano identificado como Jesús Romero Hernández, quien ya había sido deportado en múltiples ocasiones.

Según el reporte, este individuo fue liberado tras cumplir una condena por atacar con un machete a un policía en Ithaca. Sin embargo, la cárcel local decidió no honrar el detainer (retención en custodia) del ICE, lo que permitió su liberación. Posteriormente, fue nuevamente capturado y deportado.

Otro ejemplo es el de un dominicano llamado Steven Daniel Henríquez Galicia, que en 2024 fue detenido en El Bronx por cargos que incluyen intento de asesinato, agresión, posesión ilegal de armas y otros delitos graves. A pesar de ello, fue liberado mientras había una orden activa de ICE.

Funcionarios del DHS han pedido públicamente al gabinete del Estado, y en particular a la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, que entregue a las más de 7,000 personas con órdenes de detención pendientes, para impedir que sigan representando un riesgo.

La carta oficial advirtió que, bajo las políticas de “ciudad santuario”, muchos de estos criminales son liberados sin notificar a las autoridades migratorias.

La divulgación de estos datos ha reavivado el debate sobre las políticas migratorias y la seguridad pública. Los defensores de una línea más estricta sostienen que la liberación de criminales peligrosos pone en riesgo a la población, mientras quienes apoyan las políticas de santuario argumentan que la cooperación entre autoridades locales y federales debe regularse cuidadosamente para proteger derechos y evitar abusos.

 

 

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