HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont, junto con otros veinte gobernadores estatales, enviaron una carta al presidente Donald Trump exigiendo que el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), que brinda apoyo alimentario, continúe sin interrupciones para las 42 millones de personas que dependen de él.
La carta se produce en un contexto de emergencia porque la administración federal informó a los estados que los pagos del SNAP podrían detenerse a partir de noviembre si no se liberan los fondos de contingencia existentes.
La administración del presidente Donald Trump acordó financiar parcialmente los beneficios de los cupones de alimentos, sin embargo, los gobernadores indicaron que no es suficiente para satisfacer las necesidades de las familias ni mitigar la interrupción.
En su misiva, los gobernadores señalaron que el SNAP alimenta aproximadamente a 42 millones de personas, incluyendo 16 millones de niños, 8 millones de adultos mayores y 4 millones de personas con discapacidades.
Subrayaron que dicho programa no solo permite que familias pongan comida en la mesa, sino que también tiene impactos positivos sobre empleos, productores agrícolas, tiendas locales y la economía en general.
Los estados firmantes advierten que cualquier interrupción del programa supondría un riesgo grave de inseguridad alimentaria y pobreza para millones de estadounidenses vulnerables.
Asimismo, califican de “inaceptable” la decisión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de no utilizar los fondos de contingencia disponibles para pagar los beneficios de noviembre.
La acción de los gobernadores tuvo lugar justo antes del día de acción simbólica del 1º de noviembre, cuando podrían dejar de cargarse algunas tarjetas de beneficios para familias de bajos ingresos.
En Connecticut, unas 360,000 personas serían las afectadas directamente si se produce la interrupción.
Para mitigar el impacto, el estado de Connecticut anunció también una asignación de emergencia de 3 millones de dólares para organizaciones de bancos de alimentos, destinadas a cubrir parte de la brecha en caso de que los beneficios federales se detengan.
Además del llamado directo al presidente Trump, los gobernadores advirtieron que los estados no tienen la capacidad financiera de sustituir por completo el programa federal, y que depender de los gobiernos estatales implicaría graves consecuencias para las economías locales y los servicios sociales.
El mensaje es claro: “el SNAP es más que un programa de asistencia alimentaria, es un salvavidas”, afirmaron los firmantes.
Finalmente, mientras los estados esperan una respuesta de la administración federal, varias entidades estatales y grupos de apoyo alimentario ya están movilizándose para preparar la logística de ayuda en caso de una interrupción.
La situación pone de relieve la fragilidad de los sistemas de asistencia social en momentos de vacío presupuestario, y abre un debate sobre la responsabilidad compartida entre el gobierno federal y los estados para proteger a las personas más vulnerables.
