BRIDGEPORT.- Un nuevo informe de CT DataHaven indica que entre 100,000 y 200,000 habitantes de Connecticut podrían perder cobertura médica en la próxima década debido a la ley federal conocida como el One Big Beautiful Bill Act, promulgada el 4 de julio pasado.
Estas cifras combinan pérdidas esperadas tanto en Medicaid como en el mercado de seguros Access Health CT.
Según análisis más específicos, aproximadamente 168,600 personas de Connecticut podrían quedar sin cobertura de Medicaid en los próximos diez años.
Estas estimaciones provienen de CT DataHaven y la agencia estatal de servicios sociales, con base en un estudio de Manatt Health.
Hartford es el municipio que sufrirá el mayor impacto: más de 13,000 personas, cerca del 11 % de su población, podrían perder Medicaid. Bridgeport enfrenta un número similar, mientras que Waterbury y New Haven podrían registrar pérdidas de alrededor de 11,000 personas cada una.
El estudio ofrece estimaciones territoriales precisas: por ejemplo, el Distrito 51 (Putnam, Killingly, Thompson) verá a unas 1,200 personas, 5% de su población, perder cobertura.
En el Distrito 30 (Litchfield), unas 3,800 personas, 4%, se verán afectadas. En ciudades como Torrington, Vernon y West Hartford se proyectan pérdidas de cerca de 2,000 personas, equivalentes al 7%, 5% y 3% de su población, respectivamente.
No solo Medicaid está en riesgo: se estima que unas 50,000 personas que utilizan Access Health CT, el mercado estatal de seguros médicos, podrían perder su cobertura en la próxima década.
Más específicamente, entre el 30% y 35% de los más de 150,000 asegurados podrían quedar fuera.
Los residentes con ingresos bajos son los más afectados: unos 102,000 que viven por debajo del 200% del nivel federal de pobreza perderán Medicaid. La ley también impactará de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias: se calcula que perderán cobertura 9% de la población latina, 8% de la población afroamericana, frente a solo 3% de la población blanca. Los hogares monoparentales o no casados también sufrirán una carga mayor.
La ley impone nuevas obligaciones a los beneficiarios de Medicaid: desde el 1º de enero de 2027, deben demostrar al menos 80 horas al mes de trabajo, voluntariado o estudios durante tres meses consecutivos para mantener la cobertura.
Además, endurece los controles administrativos, limita la elegibilidad de inmigrantes, reduce la capacidad de los estados para recaudar impuestos de proveedores sanitarios y recorta beneficios de alimentos, como los del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). Todo ello contribuye a las estimaciones de pérdida de cobertura.
Estos recortes amenazan no solo la salud de miles de residentes sino también la estabilidad del sistema sanitario del Estado.
Los proveedores alertan que la reducción de fondos podría obligar a recortar servicios o buscar alianzas para mantener la atención.
Además, se anticipa un aumento en los costos de atención médica y primas de seguro, afectando tanto a quienes pierdan cobertura como al resto de la población.
