NUEVA YORK.- La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó el pasado 25 de agosto un amicus brief, un escrito de apoyo legal en calidad de “amigo de la corte”, en el caso African Communities Together v. Lyons, instando al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a bloquear las nuevas políticas federales que autorizan arrestos generalizados en los tribunales de inmigración.
James argumentó que los tribunales deben servir a la justicia, no convertirse en espacios de acoso o detención selectiva.
Criticó que estos arrestos, que ocurren mientras las personas participan en audiencias migratorias, promueven el miedo, fracturan familias y erosionan la confianza en el sistema judicial.
Según la fiscal general, detener a personas que comparecen en audiencias migratorias tiene un efecto escalofriante (chilling effect) sobre el acceso al sistema de justicia.
De acuerdo con James, los inmigrantes se sienten intimidados al participar en juicios estatales y locales, testificar o solicitar órdenes de protección, lo que debilita la capacidad de los fiscales para alcanzar justicia y pone en riesgo la seguridad pública.
Otra consecuencia grave, según la funcionaria, es que el temor al arresto disuade a las personas de acceder a servicios básicos, ya que no reportan delitos, no buscan atención médica, y evitan espacios comunitarios como escuelas o lugares de culto. Esto aumenta la vulnerabilidad, fomenta problemas de salud pública, y desestabiliza el bienestar de niños y familias.
James recuerda que unos 640,000 inmigrantes indocumentados en Nueva York son esenciales para la fuerza laboral, la base tributaria y la vida cívica del Estado.
Los arrestos arbitrarios en los tribunales federales desestabilizan hogares, provocan trauma infantil y obligan a los estados a asumir costos elevados en servicios sociales.
La fiscal recordó que en 2020 su oficina logró una histórica sentencia que prohibía arrestos civiles en y alrededor de los tribunales estatales de Nueva York, lo cual fue reforzado por la ley Protect Our Courts Act. Sin embargo, señaló que las nuevas políticas federales reproducen estos mismos daños, ahora en tribunales de inmigración federales.
Además del escrito del Estado, la ciudad de Nueva York, liderada por el alcalde Eric Adams, presentó un amicus brief separado.
Este argumenta que los arrestos en juzgados migratorios violan la Administrative Procedure Act (Ley de Procedimiento Administrativo), desalientan la participación legal y comprometen la justicia.
James pidió a la corte una suspensión inmediata de la aplicación de estas políticas federales mientras los litigios siguen en curso, con el propósito de proteger los derechos de los inmigrantes y preservar la integridad del sistema judicial, tanto en Nueva York como en el resto del país.
