HARTFORD.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, se unió recientemente a una petición intergubernamental para instar a la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a eliminar lo que consideró “restricciones onerosas” sobre el uso del medicamento abortivo mifepristona.
Este paso se suma a los esfuerzos de múltiples estados para facilitar el acceso a este fármaco esencial.
La petición destaca que la FDA ya autoriza el uso de mifepristona hasta la décima semana de embarazo, incluso mediante prescripción virtual.
En Connecticut, más de 11,700 abortos medicados se realizaron entre 2020 y 2021, con tan solo cinco complicaciones reportadas, según los datos citados en la petición.
El documento presenta cifras que avalan la seguridad del medicamento. Se usó en aproximadamente el 70% de los abortos en Connecticut durante 2024, y el 68% en 2023.
Las complicaciones fueron extremadamente raras. En 2021 hubo solo tres abortos incompletos entre 6,163 procedimientos, y en 2020 solo dos entre más de 5,500, sin eventos de seguridad graves.
A nivel nacional, en los últimos casi 25 años, la FDA ha registrado solo 36 muertes relacionadas con el uso de mifepristona, ninguna de las cuales fue atribuida directamente al medicamento.
La tasa de mortalidad asociada es de apenas 0,00048%, una cifra que los fiscales generales consideran extraordinaria.
Sin embargo, los firmantes de la petición alertan que, pese a ese historial de seguridad, persisten barreras que dificultan el acceso al fármaco, especialmente en áreas rurales o comunidades médicamente desatendidas.
Según un informe reciente, Connecticut enfrenta 46 zonas con escasez de profesionales de atención primaria, afectando a casi 700,000 personas.
Tong calificó a la mifepristona como “segura, legal y eficaz” y afirmó que las limitaciones vigentes son más producto de una motivación política que de preocupación genuina por la seguridad de las pacientes.
En su petición, Tong no solo solicita que la FDA elimine las restricciones, sino que también deje de aplicarlas en su estado, señalando que Connecticut ya cuenta con sistemas regulatorios robustos para garantizar la seguridad de las pacientes.
Además, la acción de Connecticut se enmarca en un esfuerzo colectivo, ya que junto al estado firmante, se encuentran los fiscales generales de Arizona, Colorado, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Pensilvania, y la jurisdicción del Distrito de Columbia.
Todos buscan una política más moderna y accesible respecto a la mifepristona.
