STAMFORD.- Connecticut lidera una coalición de 21 fiscales generales de estados como Nueva York, New Jersey y Massachusetts que demandan a la Administración del presidente Donald Trump, por lo que las autoridades llaman condiciones ilegales, impuestas a los fondos federales para víctimas de delitos.
La demanda impugna la decisión de la Administración Trump de retener fondos de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA) a los estados a menos que cumplan con las prioridades federales de control migratorio, declaró el fiscal general de Connecticut, William Tong.
Los fondos de la VOCA se utilizan para servicios de defensa, exámenes forenses de agresión sexual, gastos funerarios y otros recursos esenciales para víctimas y sobrevivientes de delitos.
“Las personas de Connecticut y de otros estados que han sido víctimas de delitos graves ahora están siendo maltratados por su propio gobierno federal, ya que la Administración Trump intenta bloquear la financiación de servicios de defensa, exámenes forenses de agresión sexual, gastos médicos y funerarios, y otros recursos esenciales en estos momentos de necesidad”, declararon los fiscales en la demanda.
“Politizar la vida de personas que han sufrido tanto es imprudente, cruel y, en este caso, ilegal. Hoy presentamos una demanda para defender a nuestros residentes y la ley”, agregaron.
Tong y los demás fiscales generales afirmaron que la directiva viola la separación de poderes y el federalismo, ya que el Congreso no autorizó al Departamento de Justicia a imponer condiciones migratorias a la financiación de la VOCA.
En la demanda se unieron los fiscales generales de California, Illinois, Rhode Island, Colorado, Connecticut, New Jersey, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
