NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció una inversión récord de casi 379.5 millones de dólares en fondos federales y estatales durante tres años para apoyar programas y servicios para víctimas y sobrevivientes de delitos y sus familias en todo el estado de Nueva York.
Detalles de la inversión
La Oficina de Servicios para Víctimas (OVS) otorgó subvenciones a 230 organizaciones sin fines de lucro, hospitales y agencias gubernamentales para apoyar programas de asistencia a víctimas que ofrecen asesoramiento de crisis, terapia, refugio de emergencia, asistencia legal civil, gestión de casos, defensa y más.
La financiación anual para las subvenciones oscila entre 72,000 y 4.3 millones de dólares, con una subvención promedio de 506,000 dólares.
La distribución de fondos por región es la siguiente:
– Ciudad de Nueva York: $47,612,645
– Long Island: $9,848,136
– Mid-Hudson: $18,319,067
– Región Capital: $10,164,000
– North Country: $3,511,660
– Mohawk Valley: $3,887,865
– Central New York: $3,935,645
– Southern Tier: $3,319,373
– Finger Lakes: $14,944,456
– Western New York: $6,423,364
Total a nivel estatal: $4,529,368
Priorización de la financiación
La OVS priorizó la financiación para víctimas de abuso infantil, violencia doméstica y agresión sexual, así como para poblaciones desatendidas.
Casi la mitad de la financiación (49%) se otorgó a programas que apoyan a sobrevivientes de violencia doméstica.
Más de 21 millones de dólares se destinaron a programas que asisten a personas, familias y comunidades afectadas desproporcionadamente por la violencia armada.
Impacto y beneficios
Los programas de asistencia a víctimas también ayudan a las personas a presentar reclamaciones de compensación con la OVS para gastos directamente relacionados con el delito.
La asistencia financiera administrada por la OVS proporciona una red de seguridad crítica, ayudando a las víctimas y sus familias con atención médica, asesoramiento, costos funerarios y de entierro, y otros gastos.
Nueva York es el único estado en la nación sin un límite en los costos médicos o de asesoramiento, lo que permite a las personas elegibles recibir apoyo durante el tiempo que lo necesiten.
