NORWALK.- Los desalojos de viviendas pueden tomar un giro violento después de que la policía estatal hirió a un hombre de Connecticut.
Si bien los desalojos violentos son raros, no existen leyes en Connecticut para realizar un seguimiento de estos casos.
Byron Harvey, un residente de Brooklyn, Connecticut, recibió un disparo y una descarga eléctrica en su apartamento por parte de la policía estatal de Connecticut, en mayo pasado, mientras los oficiales intentaban sacarlo de su casa.
Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a Harvey empuñando un cuchillo mientras estaba sentado en una silla en la cocina con un perro entre las piernas.
Cuando la policía le preguntó a Harvey por qué querría atacarlos, dijo: “Para que te deshagas de mí”.
Harvey, que había vivido en el apartamento desde septiembre de 2021, tenía un año de retraso en el pago del alquiler y le debía al propietario más de 10 mil dólares.
No se han presentado cargos penales contra Harvey. La investigación del Inspector General está en curso.
La participación de la policía en los procedimientos de desalojo no es infrecuente. Pero es raro que el desalojo resulte en violencia.
Los alguaciles estatales que tienen una ejecución de vivienda firmada por el tribunal pueden sacar físicamente a los inquilinos y sus bienes de la casa.
En sus ocho años en el trabajo, el alguacil del Estado y presidente de la Asociación de Alguaciles del estado de Connecticut, Brian Mezick, participó en un singular desalojo en el que el inquilino fue arrestado.
“La policía a veces se resiste a involucrarse en lo que consideraría un asunto civil, y tenemos que hacerles saber que, en última instancia, es un asunto de allanamiento”, indicó Mezick.
Los desalojos en Connecticut regresaron aproximadamente a los niveles previos a la pandemia después de que se levantó una moratoria de desalojos de la era COVID-19 en 2021.
Sin embargo, es difícil cuantificar cuántas ejecuciones de viviendas resultan en la expulsión física de un residente de la casa, o cuántas requieren la participación de la policía.
No existe un método o sistema real para realizar un seguimiento de los casos que requieren la participación de la policía.
Los alguaciles estatales llevan a cabo ejecuciones, y no hay regulaciones en los Estatutos Generales de Connecticut que requieran que los alguaciles informen las resoluciones de desalojo a los tribunales o al propietario.
El Connecticut Fair Housing Center informó que se presentaron desalojos contra casi 23 mil hogares residenciales en Connecticut el año pasado. Y los tribunales emitieron ejecuciones en aproximadamente el 41% de esos casos.
No existe un método o sistema real para realizar un seguimiento de la cantidad de desalojos que requieren la participación de la policía.
A Mezick se le asignan dos o tres ejecuciones de vivienda por semana en toda su jurisdicción del condado de New Haven. Sin embargo, el número de remociones realizadas suele ser menor que el asignado.
Los propietarios pueden desalojar a los inquilinos por varias razones además de la falta de pago del alquiler. Algunas de las razones para el desalojo incluyen la resistencia a irse después de que vence el contrato de arrendamiento, la prueba de actividades ilegales como la prostitución o el uso de drogas, y el incumplimiento de deberes como obedecer los códigos de salud y de incendios.
Raphael Podolsky, abogado de Connecticut Legal Services, dijo que los alguaciles deberían informar a los tribunales sobre el resultado del desalojo, pero rara vez lo hacen.
Si los alguaciles llegan a la casa y descubren que un inquilino se ha ido, aún cuenta dentro del sistema judicial como una ejecución. Los alguaciles aún deben completar el papeleo que describe la ejecución.
La violencia en los desalojos es baja, en gran parte porque se impide que los propietarios asistan a una ejecución.
