BRIDGEPORT.- El gobernador Ned Lamont anunció el lunes pasado, la primera de una serie de propuestas legislativas destinadas a eliminar la violencia armada.
Las propuestas se incluirán como parte del paquete de prioridades del gobernador para la sesión legislativa de 2023, que presentará ante la Asamblea General de Connecticut en febrero.
Las propuestas incluyen:
* Invertir 2.5 millones de dólares adicionales en programas de intervención de violencia comunitaria.
* Prohibir el porte abierto de armas de fuego en público, mientras se continúa permitiendo el porte oculto con un permiso, excepto en lugares particulares.
* Limitar las compras de armas de fuego a una por mes para desalentar las compras falsas.
* Actualización de la prohibición estatal de “armas fantasma” no registradas para detener su flujo ilegal.
Lamont dijo que, según las estadísticas nacionales, Connecticut sigue siendo uno de los estados más seguros del país y que los delitos violentos han disminuido en los últimos años, sin embargo, un disparo sigue siendo demasiado.
“Es nuestra responsabilidad implementar políticas que mantengan seguros nuestros hogares y nuestros vecindarios, y tenemos que aprovechar cada oportunidad para mantener protegidos a nuestros residentes”, declaró Lamont. “Estas reformas de sentido común protegerán a nuestros vecindarios y a las personas que viven en ellos”.
El proyecto de ley de ajuste presupuestario para el año fiscal 2023 que Lamont promulgó en mayo de 2022 incluye una asignación de 2.9 millones de dólares para un nuevo programa de intervención y prevención de la violencia armada en la comunidad en todo el Estado.
El programa es supervisado por la Connecticut Department of Public Health’s Office of Injury and Violence Prevention con el aporte de la recién establecida Commission on Community Gun Violence Intervention and Prevention.
Este año, la propuesta de presupuesto de los años fiscales 2024 y 2025 de Lamont incluirá 2.5 millones de dólares adicionales para otorgar más subvenciones a estas organizaciones y permitirles continuar con sus esfuerzos de reducción del crimen basados en la comunidad.
También continuará financiando al personal del Departamento de Salud Pública que supervisa este programa.
“Este programa reúne a comunidades, hospitales y fuerzas del orden público para detener el ciclo de la violencia armada a través de diversas asociaciones y una evaluación rigurosa de estrategias comprobadas que previenen los delitos violentos”, finalizó Lamont.
