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Sunday, February 1, 2026

Ley de “borrón y cuenta nueva” entra en vigor el 1º de enero

La ley consiste en el borrado de condenas penales por delitos que no son graves

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HARTFORD.- El 1º de enero de 2023 entrará en vigor una importante ley sobre el borrado y la consideración de las condenas penales en el empleo en Connecticut.

Aprobada por la legislatura de Connecticut y convertida en ley por el gobernador Ned Lamont en 2021, la ley de “borrón y cuenta nueva” de Connecticut alterará la capacidad de los empleadores para descubrir, considerar o tomar decisiones basadas en los antecedentes penales de un solicitante o empleado.

Si bien durante mucho tiempo la ley de Connecticut ha prohibido a los empleadores solicitar información, tomar decisiones de contratación o discriminar o despedir a empleados sobre la base de antecedentes penales que hayan sido borrados en virtud de la ley de Connecticut, la nueva ley amplía las protecciones para las personas cuyos antecedentes hayan sido borrados y extenderá ampliamente los tipos de condenas penales que serán borradas o sujetas a borrado.

La ley también implementa procesos por los cuales las condenas penales serán borradas por operación automática de la ley o a petición de un individuo.

Además de tener prohibido discriminar con respecto a los antecedentes penales borrados, la ley prohíbe expresamente que los empleadores discriminen a las personas en la compensación o en los términos, condiciones o privilegios de empleo en función de la información de antecedentes penales borrada de una persona.

En cuanto a la eliminación de condenas pasadas, la ley prevé la eliminación de ciertos delitos menores y delitos clasificados y no clasificados de la siguiente manera:

* Para cualquier delito menor clasificado o no clasificado, la ley establece que dichos registros se borrarán siete años a partir de la fecha en que el tribunal dictó la sentencia de condena más reciente de la persona condenada.

* Para cualquier delito grave de clase D o E o un delito grave no clasificado que conlleva una pena de prisión de cinco años o menos, la ley establece que dichos registros se borrarán 10 años a partir de la fecha en que el tribunal dictó la sentencia de condena más reciente de la persona condenada.

* Las condenas designadas como delitos de violencia familiar y delitos sexuales violentos y no violentos, según los estatutos de Connecticut relacionados con el registro de delincuentes sexuales no son elegibles para borrarse.

Para los delitos que se encuentran dentro de las categorías anteriores, el borrado ocurrirá automáticamente si el delito ocurrió el 1º de enero de 2020 o después. Para los delitos menores cometidos por alguien menor de 18 años, dichos registros se borrarán automáticamente si el delito ocurrió el 1º de enero de 2000 o después , y antes del 1º de julio de 2012. Otras ofensas que ocurran antes de estas fechas están sujetas a borrado por petición individual.

La ley brinda a los empleados y solicitantes la capacidad de presentar quejas sobre violaciones de esta ley ante el Departamento de Trabajo de Connecticut, la Connecticut Commission on Human Rights and Opportunities, o en una acción civil en el Tribunal Superior de Connecticut, según la naturaleza de la supuesta violación.

Las personas que inician acciones civiles pueden tener derecho a medidas cautelares, daños y perjuicios y otros recursos legales.

 

Implicaciones para los empleadores

Como resultado de esta ley, los empleadores tendrán acceso limitado a los antecedentes penales de Connecticut.

Además, debido a la prohibición de la ley sobre la discriminación a raíz de la información de antecedentes penales borrada, la expansión de las condenas que se borran hará que sea menos probable que los empleadores puedan actuar sobre la información que obtienen dentro de esa categoría, incluso si un empleado o solicitante de empleo la divulga voluntariamente.

Los empleadores también deben recordar las protecciones que ya existen bajo los estatutos de Connecticut para las personas que han recibido un indulto provisional o un certificado de rehabilitación.

Al igual que la información de antecedentes penales borrada, los empleadores no pueden basar las decisiones de empleo únicamente en la recepción de esas designaciones.

 

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