WEST HAVEN.- Un ex representante estatal de Connecticut se declaró culpable, esta semana, en relación con el robo de más de 1.2 millones de dólares en fondos federales de ayuda por el coronavirus de la ciudad de West Haven, usando parte del dinero para apostar en un casino, según señalaron los fiscales.
Michael DiMassa, un demócrata de West Haven, compareció ante un tribunal federal en Hartford y se declaró culpable de tres cargos de conspiración de fraude electrónico.
La esposa de DiMassa, Lauren, y su ex socio comercial también se declararon culpables a principios de este año, mientras que una cuarta persona acusada del plan está a la espera de juicio.
En el momento del robo, DiMassa era representante estatal y asistente del Ayuntamiento de West Haven.
Los fiscales alegaron que usó su puesto en la Ciudad, que tenía autoridad para aprobar el reembolso de los gastos de COVID-19, para robar los fondos, algunos de los cuales usó para apostar en el Mohegan Sun Casino en el este de Connecticut.
DiMassa renunció a ambos cargos luego de su arresto el año pasado.
No se fijó una fecha de sentencia para DiMassa. El rango de la pauta de sentencia por los cargos de los que se declaró culpable es de 41 a 51 meses.
DiMassa no respondió preguntas cuando salió de la corte, el martes pasado.
La esposa de DiMassa, Lauren DiMassa, se declaró culpable en julio de conspiración de fraude electrónico.
Los fiscales dijeron que West Haven le pagó casi 148 mil dólares por servicios que nunca brindó a la Ciudad. Su sentencia está fijada para enero.
La pareja envió facturas fraudulentas a la Ciudad por servicios relacionados con el coronavirus, incluida la prevención de la violencia juvenil, pero en cambio usaron el dinero para su propio beneficio, dijeron los fiscales.
El abogado de Lauren DiMassa dijo que entregó la mayor parte del dinero que recibió de la Ciudad a su esposo.
John Bernardo, ex socio comercial de Michael DiMassa que se desempeñó como especialista en vivienda para la Ciudad, también se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico por su papel en el robo.
Está programado para ser sentenciado el 29 de noviembre.
Una cuarta persona acusada en el caso, el empresario John Trasacco, se declaró inocente. Los fiscales dijeron que Trasacco está vinculado a facturas fraudulentas enviadas a la Ciudad por servicios relacionados con COVID-19 que nunca se proporcionaron. Su juicio está programado para comenzar el 21 de noviembre.
Los funcionarios de West Haven fueron objeto de escrutinio por cómo gastaron más de un millón de dólares que la Ciudad recibió en fondos federales de ayuda por el COVID-19.
Una auditoría publicada en abril indicó que alrededor del 80% de los gastos no deberían haberse permitido.
En mayo pasado, el gobernador Ned Lamont aprobó una recomendación de una junta estatal para colocar las finanzas de West Haven bajo una mayor supervisión estatal. Anteriormente, la Ciudad había estado bajo la supervisión del Estado debido a problemas de déficit presupuestario.
