ALBANY.- A medida que se acumulan las señales de alerta en las investigaciones de asesinatos en masa, el estado de Nueva York está poniendo en marcha una novedosa estrategia para examinar a los solicitantes de permisos de armas.
Las personas que quieran llevar armas ocultas tendrán que entregar sus cuentas de redes sociales para que se revise su “carácter y conducta”.
Se trata de un enfoque aplaudido por muchos demócratas y grupos nacionales de defensa del control de armas, pero algunos expertos han planteado dudas sobre cómo se aplicará la ley y cómo se abordará la cuestión de la libertad de expresión.
Algunos de los funcionarios locales que se encargarán de revisar el contenido de las redes sociales también se preguntan si tendrán los recursos necesarios y, en algunos casos, si la ley es incluso constitucional.
Los sheriffs no han recibido dinero ni personal adicional para gestionar un nuevo proceso de aplicación, manifestó Peter Kehoe, director ejecutivo de la Asociación de Sheriffs de Nueva York.
La ley, afirmó, infringe los derechos de la Segunda Enmienda, y aunque los solicitantes deben enumerar sus cuentas en las redes sociales, no cree que los funcionarios locales las miren necesariamente.
“No creo que lo hagamos. Creo que sería una invasión constitucional de la privacidad”, precisó Kehoe.
El nuevo requisito, que entra en vigor en septiembre, se incluyó en una ley aprobada la semana pasada que pretendía preservar algunos límites a las armas de fuego, después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la mayoría de las personas tienen derecho a llevar un arma de mano para su protección personal.
La ley fue firmada por la gobernadora Kathy Hochul, quien señaló que los tiradores a veces telegrafían su intención de hacer daño a los demás.
Cada vez son más los jóvenes que se conectan a Internet para dar pistas sobre lo que les espera antes de cometer un asesinato masivo, como el pistolero que mató a 19 niños y dos profesores en una escuela primaria de Uvalde (Texas).
Según la ley, los solicitantes tienen que proporcionar a los funcionarios locales una lista de las cuentas de redes sociales actuales y anteriores de los tres años previos.
Será el personal del sheriff local, los jueces o los funcionarios del país los que tengan que revisar esos perfiles para comprobar si los solicitantes han hecho declaraciones que sugieran un comportamiento peligroso.
