HARTFORD.- El líder republicano de la Cámara de Representantes, Vincent Candelora, renovó los pedidos de audiencias públicas, argumentando que los pasos del gobernador Ned Lamont para lanzar una plataforma de pasaporte de vacunas en Connecticut carecían de la transparencia de otros estados, donde los contratos de proveedores estaban disponibles en línea.
Durante una reunión en el edificio del Capitolio estatal, Candelora lanzó una amplia crítica al Gobernador, señalando que la administración de Lamont había tomado medidas en una variedad de temas sin consulta legislativa.
Eso incluyó la disponibilidad esta semana de un Código QR SMART Health Card, que los residentes pueden usar para verificar su estado de vacunación contra el COVID-19 a través del sitio web del Departamento de Salud Pública.
Candelora señaló otros estados que habían promulgado plataformas similares, comúnmente llamadas pasaportes de vacunas.
En esos estados, los contratos de los proveedores estaban fácilmente disponibles para el escrutinio y la garantía de la privacidad de los datos, agregó el congresista.
“No tenemos ninguna información en el estado de Connecticut de lo que implica este programa, cómo son nuestras interacciones con estos proveedores externos”, indicó Candelora.
“Es una locura que pueda obtener un contrato del estado de New Hampshire sobre cuál es su programa de pasaportes y poder examinar su documento, pero no puedo obtener el contrato del estado de Connecticut”, agregó el representante estatal.
El Departamento de Salud Pública ha puesto a disposición los códigos QR a través de una expansión de servicios por parte de un proveedor existente, Envision Technology Partners, que ejecuta CT-WIZ, el sistema que Connecticut ha utilizado para rastrear la información de vacunación.
Lamont descartó enérgicamente las preocupaciones de que los datos de los usuarios puedan venderse a terceros proveedores o anunciantes.
El viernes pasado, su portavoz principal, Max Reiss, dijo que el acuerdo con Envision establecía que los datos eran propiedad del Estado y que el Estado no estaba en el negocio de vender información.
“Esto es solo una propaganda del miedo y, francamente, es irresponsable porque estamos hablando de información de salud pública. Si es más fácil para mí tener mi registro en mi teléfono, entonces creo que es un derecho que les estamos brindando a los residentes”, comentó Reiss sobre las declaraciones de Candelora.
Sin embargo, las preocupaciones de Candelora sobre el tema de los pasaportes de vacunas se extendieron más allá de la privacidad de las personas que optaron por usar la aplicación voluntaria, para incluir preocupaciones hipotéticas de que las farmacias o las tiendas de comestibles algún día puedan usar la herramienta para denegar el servicio a personas no vacunadas en lugares donde no había otras opciones.
Cuando se le preguntó si tal especulación contribuyó a las narrativas paranoicas en las redes sociales, Candelora respondió que la falta de transparencia alimentaba esas narrativas.
Reiss se enfureció ante la sugerencia de que la administración de Lamont había sido menos que transparente.
Dijo que no tenía conocimiento de ninguna solicitud de información sobre el contrato de Envision por parte de los republicanos.
Reiss dijo que Lamont y otros funcionarios estaban disponibles para preguntas y que la administración participaría en las audiencias si la legislatura los llamaba.
