HARTFORD.- Mientras algunos de los minoristas más grandes presionan al Congreso para que se promulgue una ley para detener la venta en línea de mercadería robada, el gobernador Ned Lamont y el fiscal general William Tong están convocando un grupo de trabajo para frustrar las redes del crimen minorista organizado en Connecticut, haciendo que las entidades gubernamentales trabajen directamente con el sector privado.
La semana pasada, los directores ejecutivos de algunos de los minoristas más grandes del país presionaron al Congreso para que votara la Inform Act, un acrónimo de Integrity, Notification, and Fairness in Online Retail Marketplaces.
La Inform Act requeriría que los mercados en línea recopilen números de cuentas bancarias de vendedores externos que alcancen un cierto umbral de volumen en sus plataformas, así como copias de tarjetas de identificación como licencias de conducir e información de contacto.
La ley se aplicaría a quienes vendan 200 productos nuevos o sin usar anualmente con al menos 5 mil dólares en ingresos totales.
Las infracciones expondrían a las personas o empresas a sanciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) destinadas a frustrar las prácticas comerciales desleales o engañosas.
Se requeriría que los mercados en línea suspendan la cuenta de cualquier vendedor de gran volumen que no vuelva a certificar su información al menos una vez al año, explicaron las autoridades.
“La Inform Act es un paso inicial. Los consumidores deben tener la confianza de que los productos que compran en línea no son falsificados, peligrosos o robados. Estoy muy interesado en responsabilizar a las plataformas tecnológicas”, expresó el martes pasado, el senador federal Richard Blumenthal.
En una farmacia CVS en West Hartford el miércoles pasado por la mañana, Lamont y Tong anunciaron los planes para buscar una mayor cooperación de las grandes empresas de tecnología para combatir el crimen minorista organizado.
El martes pasado, Tong dijo que su expectativa es que los minoristas en línea como Amazon y eBay hagan más para identificar a los que venden productos vallados y alertar a las autoridades, ya sea a través de inteligencia artificial o personas que escanean transacciones en busca de señales de alerta.
“Les estoy dando la oportunidad de mostrarme que están dispuestos a invertir recursos, tiempo y energía para detener el flujo de bienes ilegales”, precisó Tong.
Tong notó la sofisticación de los “jefes más grandes” que reclutan ladrones en la calle localmente y luego venden mercadería robada en línea, ya sean artículos caros como dispositivos digitales o básicos como champú.
Wayne Pesce, presidente de la Asociación de Alimentos de Connecticut, pidió a los departamentos de policía locales que consideren estacionar coches patrulla con regularidad en lotes minoristas durante esta temporada navideña como medida disuasoria.
En 2010, la Asamblea General de Connecticut convirtió el robo minorista organizado en un delito grave de clase C en los casos en que los ladrones venden al menos 10 mil dólares de mercancía y un delito grave de clase D en caso contrario.
Las penas máximas son 10 mil dólares de multa y 10 años de prisión por delitos graves de clase C, y cinco años y 5 mil dólares de multa por clase D.
Blumenthal argumentó que los vendedores en línea disfrutan de una “inmunidad prácticamente completa” debido a un elemento de la ley federal diseñado para brindarles algunas protecciones en los casos en que terceros utilizan sus plataformas con fines ilícitos.
