HARTFORD.- La Cámara de Representantes del Estado dio la aprobación final a una medida radical que declara al racismo como una crisis de salud pública en Connecticut, y desencadenaría una exploración más profunda de los efectos que el racismo tiene en la salud pública.
La votación de 114 a 33 culmina un año de súplicas de los defensores y activistas para adoptar la declaración a nivel estatal.
Un total de 21 municipios de Connecticut ya han declarado que el racismo es una crisis de salud y están tomando medidas para combatirlo.
Ya el verano pasado, los defensores habían pedido al gobernador Ned Lamont que emitiera una declaración, aunque el Gobernador dijo que cualquier cambio que hiciera a través de una orden ejecutiva sería de duración limitada.
Los proponentes también han implorado a la legislatura que aborde el asunto.
“Este es un paso importante para corregir las inequidades en la salud que están afectando a las personas de color en Connecticut. Este es el comienzo de un cambio sistémico y no un cambio simbólico”, comentó Tekisha Dwan Everette, directora ejecutiva de Health Equity Solutions, una organización sin fines de lucro, que ha estado presionando por la declaración a nivel estatal y rastreando a las comunidades que la adoptan.
“Aplaudimos a la Asamblea General por su acción clara e instamos al Gobernador a firmar el proyecto de ley”, indicó Dwan Everette.
El proyecto de ley aprobado, el martes pasado, requiere una mejor recopilación de datos sobre la raza y la etnia en la atención médica, exige que los hospitales lleven a cabo capacitación sobre prejuicios implícitos para los empleados que brindan atención directa a mujeres embarazadas o en posparto, requiere que el comisionado de salud pública estudie el desarrollo de un programa de reclutamiento y retención para los trabajadores de la salud estatales que son personas de color, y dirige al Departamento de Salud a explorar si se debe crear un proceso de certificación para las doulas.
Las doulas son mujeres que aconsejan y ayudan a las embarazadas y las acompañan durante el embarazo, el parto y los cuidados al recién nacido.
“El racismo es difícil de abordar porque esencialmente se sabe que requiere la redistribución del poder, la riqueza y los recursos”, señaló el representante Anthony Nolan, un demócrata de New London.
La medida también establece un comité asesor de “intervención y prevención de armas de fuego” para consultar con grupos comunitarios, proveedores de servicios para las víctimas, investigadores, entre otros, e identificar estrategias para reducir la violencia armada.
El panel deberá presentar un informe sobre sus hallazgos y recomendaciones antes del 1º de enero de 2022.
La propuesta recibió un apoyo abrumador entre los demócratas, pero dividió a los republicanos, con 22 votando a favor y 32 en contra.
Solo un demócrata, el representante Kerry Wood de Rocky Hill, votó en contra.
En virtud del proyecto de ley, se formaría una comisión sobre equidad racial en la salud pública para examinar el impacto del racismo “en las poblaciones vulnerables dentro de diversos grupos incluso por motivos de raza, etnia, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, incluidos, entre otros, limitado a los descendientes de la esclavitud afroamericanos”.
El panel deberá presentar un informe a la Oficina de Política y Gestión del Estado y a los comités de Apropiaciones y Salud Pública antes del 1º de enero de 2022 y, a partir de entonces, cada seis meses en el que se describan las recomendaciones y se documente el progreso.
La iniciativa de recopilación de datos requiere que las agencias, juntas y comisiones estatales que recopilan información demográfica sobre raza, etnia, idioma o ascendencia en el contexto de la atención médica:
– Recopile los datos de una manera que permita la agregación y desagregación.
– Brinde la opción de seleccionar una o más designaciones étnicas o raciales e incluir una designación “otra” con la capacidad de escribir en identidades no representadas.
– Recopile datos del idioma principal utilizando códigos establecidos por la International Organization for Standardization.
– Asegurar que, en los casos en que los datos sobre la raza o el origen étnico de una persona se comuniquen a cualquier otra agencia, junta o comisión estatal, no se tabulen ni se informen sin la información sobre la raza o el origen étnico.
