HARTFORD.- Los legisladores en la Cámara de Representantes votaron esta semana para evitar el vencimiento programado de una empresa que administra los fondos para ayudar a los propietarios de viviendas, cuyos cimientos se están deteriorando como resultado del concreto dañado.
El cambio se incluyó en un proyecto de ley, que pasó con una votación de 144 a 2, y elimina el lenguaje de la ley estatal que pondría fin a la Connecticut Foundation Solutions Indemnity Company (CFSIC) el próximo verano.
Los representantes Jack Hennessy (D-Bridgeport), y Cara Pavalock-D’Amato (R-Bristol) votaron en contra de la legislación.
“Es de vital importancia para nuestra comunidad que podamos mejorar estas casas que están dañadas por el concreto desmoronado”, declaró el representante Jaime Foster, demócrata de Ellington.
Hasta la semana pasada, la compañía de seguros había ayudado en el reemplazo de 309 cimientos afectados por pirrotita, un mineral que arruina el concreto en los cimientos de los edificios en todo el este de Connecticut.
Aunque impidieron que el programa expirara, los legisladores eliminaron un pasaje del proyecto de ley que habría continuado su financiación más allá de 2029.
El programa se financia mediante la combinación de un recargo de 12 dólares en las pólizas de seguro para los propietarios de viviendas y 100 millones de dólares en fianzas del Estado.
Los legisladores eliminaron la disposición del proyecto de ley que habría continuado con el recargo.
Sin la provisión de los fondos, hubo un amplio apoyo para el proyecto de ley que hace algunos otros cambios a la ley estatal en torno a los cimientos que se derrumban, incluida la limitación de cuándo las ciudades pueden reevaluar las casas afectadas y exigir que la compañía de seguros estudie la presencia de la pirrotita en los edificios no residenciales.
La representante Tammy Nuccio, una republicana de Tolland que dijo que su distrito incluía el 22% de los actuales demandantes de viviendas cuyos cimientos están en deterioro, dijo que el problema se extendía mucho más allá de las viviendas residenciales. Nuccio dijo que también afectó a las escuelas y empresas de su distrito.
El proyecto de ley pasará ahora al Senado estatal para su consideración.
El superintendente de la CFSIC, Michael Maglaras, indicó que la compañía continuaría su trabajo, asumiendo que el Estado eliminó su disposición de expiración.
Calificó la acción de la Cámara como una victoria.
“Si pasa el Senado y el gobernador lo firma, significa que nuestra vida se ha extendido. Significa que podemos hacer más trabajo, buscar más fondos. Si no es aprobado, lamentablemente tendré que empezar a cerrar la empresa alrededor del 1º de octubre”, comentó Maglaras.
A pesar de la probable extensión, a Maglaras le preocupaba la financiación futura. La compañía espera recibir 10.6 millones de dólares del recargo para el año fiscal que comienza el próximo julio.
Un total de 10.6 millones de dólares significa 61 hogares. Actualmente tenemos cerca de 550 reclamantes pendientes. No podemos dejarlo más claro que eso”, indicó Maglaras en una publicación en el sitio web de la compañía de seguros.
Hasta ahora, la compañía ha recibido 80 millones de los 100 millones de dólares en fondos en garantía prometidos.
Se espera que la Comisión de Bonos del Estado apruebe los fondos restantes este verano.
