STAMFORD – El fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, presentó un plan de reorganización, el martes pasado, con el fin de proporcionar miles de millones de dólares para abordar la crisis de opioides, pero Connecticut y casi dos docenas de otros estados criticaron esa propuesta.
El nuevo plan de la compañía, con sede en Stamford, consta de los componentes principales que ha propuesto para resolver las aproximadamente 3 mil demandas consolidadas en su caso de quiebra, desde que presentó la protección del Capítulo 11 en septiembre de 2019.
Valora su propuesta en más de 10 mil millones de dólares, que incluye su compromiso de larga data de administrar millones de dosis de medicamentos para el tratamiento de la adicción a los opioides y para revertir la sobredosis.
Purdue se disolvería y todos sus activos se transferirían a una nueva empresa después de salir de la quiebra.
La nueva firma sería propiedad de un fideicomiso. Los gobiernos estatales y locales no serían propietarios ni operarían el nuevo negocio.
“Purdue ha entregado un plan histórico que puede tener un impacto profundamente positivo en la salud pública, al dirigir los recursos que se necesitan de manera crítica a las comunidades e individuos de todo el país que se han visto afectados por la crisis de opioides”, manifestó Steve Miller, presidente de la junta directiva de Purdue.
“La compañía ha trabajado en estrecha colaboración con un grupo amplio y diverso de partes interesadas para garantizar que miles de millones de dólares se utilizarán exclusivamente para fines de reducción y no se desviarán a otros lugares”, agregó Miller.
El plan también reitera la intención de los miembros de la familia Sackler, propietarios de Purdue, de ceder el control.
Dijeron que no se involucrarían en la nueva compañía y terminarían su participación en sus compañías farmacéuticas internacionales. Además, los Sackler dijeron que estaban aumentando su contribución a los fondos del acuerdo a aproximadamente 4.5 mil millones de dólares, frente a una oferta original de 3 mil millones.
Pero Connecticut y otras dos docenas de estados se oponen al plan. Desde que Purdue se declaró en quiebra, esos estados “no consentidos” han rechazado los términos de la empresa para resolver sus demandas.
En una declaración conjunta el martes pasado, los estados que no dieron su consentimiento dijeron que querían que la compañía modificara su plan para garantizar que su reestructuración “no la enrede excesivamente con los estados y otros acreedores”.
También pidieron a los Sackler que contribuyan más al acuerdo, más transparencia a través de divulgaciones de documentos “sólidas” y protecciones para las organizaciones sin fines de lucro sobre los derechos de denominación de las donaciones caritativas.
“Estamos decepcionados con este plan. Si bien contiene mejoras con respecto a la propuesta que Purdue anunció y rechazamos en septiembre de 2019, no alcanza la responsabilidad que merecen las familias y los sobrevivientes”, señalaron los estados.
A pesar de su oferta de acuerdo, Purdue y los Sackler niegan las acusaciones de las demandas de que alimentaron la crisis de los opioides con un marketing engañoso de OxyContin.
Sin embargo, la compañía acordó en octubre pasado un acuerdo de aproximadamente 8 mil millones de dólares con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que también implica que se declare culpable de tres cargos criminales.
Al mismo tiempo, los Sacklers, propietarios de Purdue, llegaron a un acuerdo por separado de 225 millones de dólares con el Departamento de Justicia.
