HARTFORD.- Los defensores de la atención médica y los grupos de derechos de los inmigrantes instaron a los legisladores de Connecticut para que amplíen la elegibilidad del programa estatal de Medicaid a los inmigrantes indocumentados.
La legislación propuesta en el Comité Estatal de Servicios Humanos permitiría que cualquier persona que cumpla con los umbrales de residencia e ingresos estatales se inscriba en los planes de salud HUSKY, independientemente de su estado migratorio.
Durante una audiencia pública, celebrada el jueves pasado, los partidarios dijeron que la pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre las disparidades de salud existentes en las comunidades indocumentadas, creando la oportunidad de realizar cambios que, según dijeron, beneficiarán a las comunidades en general y reducirán los costos de atención médica en general en el futuro.
“Muchos de ellos son trabajadores de primera línea, son las personas que están reabasteciendo nuestros estantes, que están entregando nuestros comestibles, básicamente siendo nuestros vecinos, siendo parte de la comunidad y de nuestra economía”, declaró Roger Senserrich, directora de inmigrantes y comunicaciones de la Organización de Familias Trabajadoras de Connecticut.
“Pero les hemos pedido que hagan todo esto sin tener acceso a un seguro y ellos merecen también estar protegidos”, agregó Senserrich.
Se estima que hay 120 mil inmigrantes indocumentados que viven en Connecticut, según los datos federales.
La mayoría de ellos no son elegibles para los programas de asistencia pública, lo que deja que las personas paguen los costos de atención médica de su bolsillo o encuentren cobertura patrocinada por el empleador.
Las opciones limitadas dan como resultado un porcentaje significativo de la población indocumentada sin seguro médico.
“Si bien la tasa de personas sin seguro en Connecticut es de aproximadamente el 5.9%, se estima que el 52% de los inmigrantes indocumentados en nuestro Estado no tienen seguro”, escribieron médicos y proveedores de atención médica en una carta del 1 de marzo enviada al Comité de Servicios Humanos.
Más de 300 proveedores de salud de Connecticut firmaron la carta en apoyo de expandir la elegibilidad de HUSKY a niños y adultos indocumentados con el proyecto SB 956 del Senado.
Entre ellos se encontraba la doctora Daisy León-Martinez, obstetra y ginecóloga del Hospital Yale New Haven. Ella testificó, el jueves pasado, durante la audiencia pública virtual y contó la historia de una paciente embarazada de veintitantos años, madre de tres hijos e indocumentada.
Por estas razones, León-Martinez dijo que “Jane” (un seudónimo utilizado para proteger la privacidad de la mujer) retrasó la búsqueda de cobertura prenatal hasta el octavo mes de embarazo.
“Sin que ella lo supiera, durante el transcurso de este embarazo, desarrolló una diabetes manifiesta y severa. Debido a su falta de seguro, no pudimos manejar su enfermedad de la manera que ella y su bebé se merecían”, dijo Leon-Martinez.
Tres semanas antes de la fecha de parto de “Jane”, León-Martinez dijo que su paciente llegó para una evaluación y los proveedores de atención médica ya no pudieron encontrar un latido.
Ella dijo que el bebé había sucumbido a los efectos de la diabetes y Jane poco después dio a luz “una niña por lo demás perfecta, pero que nació sin vida”.
Sin embargo, no terminó ahí. León-Martinez dijo que “Jane” sufrió una pérdida de sangre potencialmente mortal, otra posible complicación de la diabetes no controlada, durante el parto.
Los médicos tuvieron que realizar una histerectomía de emergencia, que implica la extirpación del útero.
“Comparto esta historia no para traer tristeza, sino para alentar la acción. La enfermedad de Jane es común. Es tratable. Sus resultados fueron completa e indudablemente prevenibles”, dijo León-Martinez.
Los inmigrantes de Connecticut, tanto indocumentados como con ciudadanía, contaron historias de ser rechazados para tratamientos y servicios preventivos que salvan vidas, enfrentarse a la discriminación y el racismo mientras buscaban atención médica y el miedo a ser arrestados mientras intentaban obtener ayuda.
