HARTFORD.- Los abogados de tres programas de asistencia legal de todo el Estado presentaron una queja federal, el lunes pasado, contra el gobernador Ned Lamont y Connecticut, alegando que su plan de lanzamiento de vacunas discrimina a las personas de color.
La denuncia solicita a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) que “investigue de inmediato y emita conclusiones de forma expedita” sobre si el lanzamiento de la vacuna discrimina por motivos de raza y discapacidad.
Los abogados de Connecticut Legal Services, Inc., la New Haven Legal Assistance Association y la Greater Hartford Legal Aid pidieron a la OCR que le dijera a Connecticut que revisara el lanzamiento de su vacuna para incluir a las personas con afecciones de salud subyacentes que las ponen en riesgo de contraer el COVID-19, independientemente de su edad y a los individuos que tienen trabajos que los ponen en mayor riesgo de contraer el virus, según lo identificado por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC).
La denuncia es al menos la segunda presentada desde el 22 de febrero, cuando los funcionarios anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 se distribuiría según la edad.
Disability Rights Connecticut presentó una queja similar días después, alegando que la nueva implementación “constituye discriminación por discapacidad” que viola la ley federal.
La demanda, presentada el lunes pasado, alega que los residentes afroamericanos e hispanos de Connecticut se ven perjudicados de manera desproporcionada por el nuevo plan de implementación.
Afirma que la distribución viola la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Affordable Care Act (ACA), así como la Americans with Disabilities Act (ADA).
Los abogados señalaron datos que muestran que las personas de color tienen más probabilidades de trabajar en trabajos esenciales que las dejan expuestas al virus, más probabilidades de vivir en “viviendas estrechas”, más probabilidades de usar el transporte público y de tener previsión social, con condiciones existentes y comorbilidades debido a las inequidades históricas en el acceso a la atención médica.
“Todos estos factores contribuyen a que los residentes afroamericanos e hispanos de Connecticut contraigan el COVID-19 a tasas más altas y mueran a causa de ellas a tasas más altas”, comentó Kristen Noelle Miller Hatcher, abogada de los Connecticut Legal Services.
“De hecho, en Connecticut, las personas afroamericanas e hispanas mueren más jóvenes cuando contraen el COVID-19, lo que hace que sea aún más crítico que la asignación de la vacuna no se realice simplemente por edad, y que en su lugar deben priorizar a las personas con afecciones subyacentes y con altos riesgos de exposición, especialmente aquellos compañeros residentes que necesitan ir a sus puestos de trabajo y no pueden trabajar de forma remota, como se estipulaba adecuadamente en el plan anterior del estado”, agregó Hatcher.
Lamont dijo que “la afirmación de que la implementación basada en la edad discrimina por motivos de raza es ´falsa´. Compare la distribución de vacunas de Connecticut con los lanzamientos más complicados de otros estados”.
El Gobernador añadió que “la nuestra se basa en la salud pública. Aquellos que tienen más probabilidades de estar infectados, más probabilidades de sufrir complicaciones y más probabilidades de morir, serán los que se vacunen primero. Y eso se basa en la edad. Y luego duplicamos con la asignación separada, especialmente para las comunidades más desatendidas, en particular, la comunidad afroamericana”.
Apuntó que “tenemos que hacer un acercamiento especial para asegurarnos de que se vacunen, y creo que estamos teniendo algo de éxito allí. Todavía tenemos un camino por recorrer”.
