NEW HAVEN.- La administración del gobernador Ned Lamont comenzó a la defensiva una audiencia sobre su proyecto de ley sobre la legalización de la marihuana recreativa, después de soportar un ataque de sus compañeros demócratas, quienes señalaron que el proyecto de ley carece de medidas de equidad adecuadas.
El proyecto de ley del Gobernador permitiría la venta de cannabis a partir de mayo de 2022, legalizaría la posesión de hasta 1.5 onzas y reduciría las sanciones por exceder esa cantidad.
La legislación limpiaría los registros de algunas condenas menores por posesión de cannabis, eliminando automáticamente los registros de condenas por posesión antes del 1º de octubre de 2015. A los condenados más tarde se les requeriría pedirle a un tribunal que los borre.
Sin embargo, los críticos dicen que la propuesta no les da a las comunidades más dañadas por la prohibición una oportunidad justa en el incipiente nuevo mercado que crearía la legalización.
Antes de que comenzara esa audiencia, los defensores progresistas estaban presionando para apoyar una propuesta diferente copatrocinada por la representante Robyn Porter, demócrata de New Haven.
El proyecto de ley incluye disposiciones que garantizan la capacidad de los trabajadores de la nueva industria para sindicalizarse y crear un canal de desarrollo de la fuerza laboral para las personas con condenas relacionadas con la marihuana.
“Este proyecto de ley, verdaderamente, hace un recuento completo del daño causado por la guerra contra las drogas, yo la llamo la guerra contra los afroamericanos, hispanos y los pobres. Lo usa ya que determina cómo debe verse la reinversión para que sea más efectiva ”, indicó Porter en la audiencia.
Durante la audiencia, Jonathan Harris, un exlegislador y comisionado de protección al consumidor que ahora asesora al Gobernador sobre el tema, dijo que la administración no se oponía necesariamente a los conceptos planteados por Porter y otros defensores.
“Hay gente que dice que se trata de proyectos de ley que compiten y entran en conflicto. En realidad, son un complemento”, comentó Harris.
Pero a los defensores les preocupa que la propuesta de Lamont ponga en desventaja a los posibles nuevos propietarios de negocios, ya que anticipa una ventaja para las cuatro operaciones de cultivo de cannabis, ya aprobadas para producir la planta, bajo el programa de marihuana medicinal que Connecticut aprobó en 2012.
El proyecto de ley del Gobernador crearía un grupo de trabajo de equidad para abordar algunas de las preocupaciones relacionadas, pero el viernes pasado, la comisionada de Protección al Consumidor, Michelle Seagull, reconoció que existen barreras fiscales para la entrada.
“Es indiscutible que se necesita mucho acceso al capital para entrar en este programa”, finalizó Seagull.
