HARTFORD.- Los funcionarios estatales enfrentan casi 4.3 mil millones de dólares en tinta roja en el próximo presupuesto estatal de dos años, debido en gran parte a la recesión inducida por el coronavirus, según un nuevo informe de analistas no partidistas.
Esos déficits, aunque abrumadores, son significativamente menos imponentes que los enormes déficits que enfrentó Connecticut después de la última recesión en 2011, brechas que obligaron a un aumento de impuestos récord de casi 1.9 mil millones de dólares hace nueve años.
La Oficina de Análisis Fiscal de la Legislatura (OFA) también usó su Informe anual de Responsabilidad Fiscal, el viernes pasado, para advertir que el programa de transporte de Connecticut, que está “hambriento de dinero en efectivo”, está en camino de generar déficits durante cuatro años consecutivos y llegar a la insolvencia para 2024.
“La recesión pandémica tendrá un impacto adverso en el presupuesto estatal en los próximos años”, escribieron los analistas no partidistas en su informe, y agregaron que el servicio de la deuda, las contribuciones requeridas a las pensiones y la atención médica de los jubilados, el aumento de los pagos adeudados a los hospitales y otros costos fijos también están impulsando las previsiones de déficit.
Según la OFA, las finanzas estatales para todos los programas, a menos que se ajusten, tendrían un déficit de casi 2.1 mil millones de dólares en el año fiscal que comienza en julio próximo y 2.2 mil millones de dólares en la brecha de 2022-2023.
Pero el gobernador Ned Lamont, quien debe proponer su próximo presupuesto bienal a los legisladores en febrero, tiene cerca de 3.1 mil millones de dólares en reserva. Y aunque los analistas no partidistas estiman que 854 millones de dólares de ese colchón desaparecerán en julio, para cerrar un déficit en el presupuesto actual, eso todavía deja a Lamont con más de 2.1 mil millones para mitigar la tinta roja por venir.
La agencia de presupuesto de Lamont, la Oficina de Política y Gestión, que debe presentar su propio Informe de Responsabilidad Fiscal, emitió proyecciones muy similares el viernes pasado, tanto sobre los déficits presupuestarios generales como sobre los problemas del sistema de transporte.
En los últimos años, cuando se enfrentaron a grandes déficits, los funcionarios estatales han utilizado reservas, si están disponibles, para reemplazar temporalmente los ingresos fiscales cada vez menores hasta que la economía mejore.
En comparación, el ex gobernador Dannel Malloy heredó un fondo de emergencia vacío, y alrededor de mil millones de dólares en deuda operativa, cuando asumió el cargo en enero de 2011.
Malloy enfrentó déficits anuales 50 por ciento mayores que los que enfrentaba Lamont, de aproximadamente 3.6 mil millones de dólares por año.
Lamont ya ha dicho que es optimista de que el próximo presupuesto de dos años pueda equilibrarse sin mayores aumentos de impuestos, particularmente si la nueva administración del presidente electo Joe Biden y el Congreso envían otra ronda de alivio federal a los estados a principios de 2021 como se prometió.
El Gobernador ha protegido con cautela el fondo de emergencia desde que comenzó la pandemia, resistiéndose a los llamamientos de algunos legisladores para utilizar más recursos estatales para ayudar a las agencias de servicios sociales sin fines de lucro, hogares de ancianos y municipios.
