Piden un Fondo de Desastre de 150 millones de dólares para auxiliar a las familias afectadas por pandemia de COVID-19
HARTFORD.- Miembros y defensores de la comunidad de inmigrantes de Connecticut se reunieron en la entrada de la Residencia del Gobernador para exigir que el Estado brinde alivio a las familias inmigrantes afectadas por pandemia.
El evento fue organizado por la coalición #ImmmigrationAreaEssential, que está formada por más de 60 organizaciones religiosas, grupos de derechos de los inmigrantes, laborales, derechos civiles y de justicia social.
Cerca de 50 activistas se reunieron para entregar un sobre gigante, con una carta que contenía una solicitud de reunión y describía sus demandas.
Durante el evento, la coalición anunció que la oficina del gobernador Ned Lamont se acercó esta semana para discutir una posible reunión. El grupo le hizo saber a la multitud que esperan programar dicha reunión.
Los asistentes llevaron carteles que decían “Excluidos y Esenciales” y “¡Justicia Sí! ¡Migas No!” y “¡Alivio! ¡No desalojos!” y “Lamont, ¿Puedes vivir solo con 8 dólares?”.
La velada contó con miembros de las comunidades inmigrantes de Connecticut que compartieron sus historias de lucha y resistencia durante la pandemia, así como lecturas de poesía, bailarines de capoeira (danza afrobrasileña) y bailarines de folklore.
La noche celebró la fuerza, la resiliencia y la diversidad de la comunidad de inmigrantes de Connecticut.
De acuerdo con los defensores, este mes se cumplen 6 meses desde que la pandemia de COVID-19 golpeó a Connecticut, tiempo en el que muchos en la comunidad de inmigrantes han estado sin trabajo y sin ingresos y sin ningún alivio o acción significativa del estado de Connecticut.
Todos los días, la comunidad de inmigrantes debe enfrentar la verdad de que la Administración Lamont ha dejado y seguirá dejando atrás a la comunidad de inmigrantes, señalaron los defensores.
Si bien muchos en Connecticut pueden recurrir a los programas de redes de seguridad existentes, incluidos los beneficios por desempleo, y los nuevos esfuerzos federales de alivio y estímulo, los trabajadores indocumentados están excluidos de esos programas.
Testimonios
Sonia Gutiérrez, organizadora del Fight Back Committee en la organización Make the Road CT, indicó que “mi familia es una de las miles que el estado ha dejado atrás. Mi esposo es un trabajador esencial en una tienda de comestibles. Sale de nuestra casa todos los días a las 3:00 de la mañana y regresa a las 7:00 de la noche. Sin la opción de trabajar desde casa, tuvo que elegir entre ganar un ingreso o arriesgar su salud y la de su familia por un sueldo. Desafortunadamente, nuestras peores pesadillas se hicieron realidad, le dio COVID-19 y estuvo en estado crítico durante un mes y medio. Tuvimos que pagar muchos de sus gastos hospitalarios de nuestro bolsillo, un gasto enorme para mi familia”.
Agregó que “estamos agradecidos de tenerlo de regreso en casa y recuperándose, pero nuestra historia lo deja en claro: nuestras familias inmigrantes han estado sufriendo financiera y físicamente por esta pandemia durante demasiado tiempo, y hemos sido excluidos de la mayoría de las ayudas federales y estatales”.
La activista declaró que “es hora de que Connecticut dé un paso al frente. Estuvimos con el gobernador Lamont en junio pasado cuando anunció 3.5 millones de dólares en fondos privados y estatales para nuestra comunidad. Si bien estamos contentos de ser parte de ese proceso, la implementación ha sido lenta y demasiado tardía. Estamos aquí pidiendo al Estado que cree un fondo de ayuda para inmigrantes que realmente ayude a nuestras familias a recuperarse”.
Por su parte, Najely Clavijo, organizadora principal de CT Students for a Dream (C4D) en Danbury precisó que “vivir siendo indocumentada siempre ha sido difícil, pero la pandemia ha intensificado las luchas de mi familia. Mi madre perdió su trabajo y a mi padrastro le redujeron las horas. Como trabajadora esencial en un restaurante de comida rápida, yo era la única en mi familia que no tenía sus ingresos reducidos o desaparecidos por completo. Mantuve mi trabajo, pero diariamente arriesgaba mi salud y mi vida. El alquiler era una preocupación constante para mi familia”.
Añadió que “durante semanas, dejé de comprar comestibles y comida para mí para poder pagar el alquiler de mi familia, hasta un 70 por ciento cada mes. Pero no tenía por qué ser así, si el Estado hubiera dado un paso al frente y brindado un alivio real. Personas como mi familia y yo estamos en primera línea de esta pandemia, pero el Estado no nos está cuidando. Por eso estamos aquí, frente a su mansión exigiendo ser escuchados. Han pasado 6 meses sin ingresos reales, ¿Dónde está el gobernador Lamont?
Fatima Rojas, de Semilla Collective New Haven, comentó que “durante meses hemos estado exigiendo que el estado de Connecticut cree un fondo de ayuda de 150 millones de dólares para nuestra comunidad de inmigrantes que han quedado fuera de toda ayuda. Pero el Estado se ha negado a escuchar. El programa de 3.5 millones de dólares del Gobernador es un ejemplo más de cómo el Estado continúa arrojando migajas a los problemas sistémicos profundos en lugar de abordar las raíces del problema”.
La activista apuntó que “3.5 millones de dólares simplemente no es suficiente y no tiene en cuenta todas las necesidades y demandas que han presentado las comunidades de inmigrantes y trabajadores. Muchas familias deben mucho más de mil dólares y un pago único a los propietarios no detendrá los desalojos. Exigimos ser escuchados, pero nuestras voces han sido silenciadas. Necesitamos un verdadero alivio”.
