HARTFORD.- La Connecticut State Police Union (CSPU) acudirá a los tribunales para evitar que la agencia publique ciertos informes de asuntos internos como parte de la nueva ley de responsabilidad policial aprobada el mes pasado.
La ley revierte una parte clave del contrato de la policía estatal aprobado por la legislatura en mayo de 2019, que mantiene la confidencialidad de los documentos de asuntos internos si la investigación encuentra que las acusaciones de irregularidades son infundadas.
El sindicato quiere una orden judicial temporal para evitar que la policía estatal publique los informes hasta que la demanda del grupo avance, manifestó Andrew Matthews, director ejecutivo de la CSPU.
Matthews sostuvo en la demanda presentada, el martes pasado, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, que la parte de la ley de responsabilidad policial que cambia el contrato de la policía estatal es inconstitucional.
“El estado de Connecticut no puede negociar un contrato y luego acudir a la legislatura para que lo cambie. Necesitan renegociar el contrato cuando llegue en 2022 si quieren hacer cambios”, señaló Matthews.
Alentó a los legisladores a sentarse con el sindicato para “encontrar una solución para que todos estén felices”.
La Oficina del Fiscal General, que representará al Estado en la corte, dijo que están revisando la demanda y responderán en la Corte.
El fiscal general William Tong comentó anteriormente que confiaba en que todos los aspectos de la nueva ley eran constitucionales y que la defendería en los tribunales si fuera necesario.
El contrato aprobado por la legislatura en mayo de 2019 incluía el lenguaje de que la policía estatal, bajo el Departamento de Servicios de Emergencia y Protección Pública (DESPP) del Estado, puede retener informes de asuntos internos si una investigación considera que las acusaciones son infundadas.
Varios otros contratos de empleados estatales incluyen un lenguaje similar, pero la nueva ley de responsabilidad policial solo afecta el contrato de la policía estatal, explicó Matthews.
Los legisladores no discutieron esa disposición del contrato cuando celebraron una sesión pública para revisar los aumentos salariales y otros asuntos de negociación colectiva antes de aprobar el contrato por unanimidad.
Los críticos, incluidos miembros de la Freedom of Information Commission del Estado, señalaron que el contrato permite a la policía estatal frustrar las leyes de libertad de información y daña la confianza del público, ya que nadie podía examinar cómo se llevaron a cabo las investigaciones de asuntos internos.
El sindicato ya había presentado una queja dirigida al mismo tema antes de que se redactara o aprobara la ley. Esto siguió a la publicación de documentos por parte de funcionarios de la policía estatal bajo el mando del comisionado de DESPP, James Rovella.
El 10 de junio pasado, el sindicato ganó la queja y se requirió que la agencia preguntara a los policías si la divulgación de una acusación validada sería una invasión a la privacidad. Además, se requirió que la agencia dejara de publicar informes relacionados con acusaciones infundadas.
El sindicato señaló en la demanda que un mes después, “el Estado buscó efectuar un final inconstitucional e inadmisible en torno a la decisión agregando a la Ley de Responsabilidad Policial dos secciones que anulaban el contrato de la policía estatal.
Los funcionarios de la policía estatal emitieron un comunicado en toda la agencia, el 31 de julio pasado, explicando que con la aprobación de la nueva ley, las disposiciones del contrato fueron rescindidas y todos los informes de asuntos internos se publicarían de acuerdo con las leyes estatales de libertad de información, según la demanda.
Matthews apuntó que el sindicato presentó la demanda para “proteger” a los miembros de las personas que estaban presentando intencionalmente denuncias anónimas contra los policías “para arruinar su buena reputación”.
