NEW HAVEN.- El Estado estima que 200 mil inmigrantes legales en Connecticut y sus hijos podrían verse afectados por la regla de “carga pública” de la administración del presidente Donald Trump, que entró en vigencia el lunes pasado.
A los inmigrantes que han usado o se considera que pueden usar la ayuda del gobierno ahora les resultará mucho más difícil obtener una visa o tarjeta de residencia.
El cambio equivale a una especie de “prueba de riqueza” para ingresar a los Estados Unidos o para aquellos que buscan un estatus legal permanente, declaró Chris George, director ejecutivo de los Servicios Integrados de Refugiados e Inmigrantes (IRIS) en New Haven.
Ciertos programas públicos no se contarán contra los solicitantes de la tarjeta verde, incluida la asistencia de Medicaid para mujeres embarazadas y niños.
Pero George agregó que el cambio de reglas está causando confusión y tiene un efecto escalofriante en toda la comunidad, incluso entre los refugiados y asilados que están exentos.
“Muchas personas están preocupadas de que cualquier tipo de asistencia que reciban tenga un impacto, por lo que se niegan a sí mismos los servicios básicos, servicios importantes, porque temen que esto tenga un efecto en su solicitud de tarjeta verde”, agregó el directivo.
Los factores adicionales también afectarán la capacidad de un inmigrante para obtener una tarjeta verde. Incluyen la edad, salud, estado laboral, dominio del inglés y si la persona tiene seguro de salud.
Por su parte, la secretaria de prensa del presidente Trump, Stephanie Grisham, declaró que la norma restablecerá el principio “que los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la generosidad de los contribuyentes de los Estados Unidos”.
