WHITE PLAINS.- Los fiscales generales de Nueva York y Connecticut, Letitia James y William Tong, respectivamente, se unieron a sus homólogos de 20 estados y del Distrito de Columbia para presentar un informe en un caso de la Corte de Apelaciones, que desafía la decisión de la administración del presidente Donald Trump que permite a los empleadores dejar de prestar servicios y atención anticonceptiva a sus empleados.
En 2017 y 2018, la administración Trump emitió reglas que eludieron el mandato de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, sobre la cobertura anticonceptiva, al permitir a los empleadores citar objeciones religiosas y morales al omitir la cobertura anticonceptiva del seguro de salud de sus empleados.
Dos tribunales de circuito emitieron medidas cautelares contra estas nuevas reglas, pero un tribunal del distrito de Texas revocó esas decisiones.
El caso DeOtte v. Azar se encuentra ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans.
“Esto no es más que otro intento de controlar los cuerpos de las mujeres, sus elecciones y su libertad”, señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
“El mandato anticonceptivo de la Ley ACA ha ayudado a las mujeres a mantener la autonomía sobre sus propias opciones reproductivas, y nos negamos a retroceder y permitir que el gobierno federal deshaga todo el progreso que se ha logrado. Si bien la Administración Trump y los tribunales continúan por el camino para dificultar que las mujeres tengan acceso, especialmente aquellas que no pueden pagar los servicios anticonceptivos, nunca dejaremos de luchar por las mujeres en todo el país”.
Por su parte, el Fiscal General de Connecticut, William Tong, expresó que “las mujeres merecen un acceso igual y sin restricciones al control de la natalidad, independientemente de dónde trabajen. Nada en la Ley de Cuidado de Salud Asequible infringe la libertad religiosa de un empleador, un hallazgo que ha sido confirmado por los tribunales de todo el país. Los esfuerzos de la administración Trump para regular las opciones de salud personal de las mujeres son perjudiciales e ilegales y deben ser eliminados”.
