BRIDGEPORT.- La Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó este martes los argumentos a favor y en contra del plan del presidente Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en la encuesta del censo de 2020, vista por varias organizaciones como un intento por invisibilizar a la comunidad hispana e impedirle el acceso a los beneficios económicos.
Los jueces escucharon las afirmaciones de la Administración Trump sobre que la pregunta es necesaria para cumplir mejor la ley federal de derechos de voto, contra los argumentos de los críticos que afirman que representa un intento velado de intimidar a las personas que no tienen la ciudadanía estadounidense y a los hogares hispanos, por lo que esto conducirá a una disminución en las tasas de respuesta.
Todos los tribunales inferiores que consideraron el tema hasta ahora han impedido que la Administración Trump agregue una pregunta sobre el estatus de ciudadanía al cuestionario del censo, sosteniendo que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien tiene jurisdicción, excedió su autoridad bajo la ley federal y la Constitución al hacerlo.
De acuerdo con el informe, la forma en que los jueces decidieron el caso, y con la fecha del censo próxima, podría impactar los datos críticos derivados del censo, que se usa para asuntos como la asignación de escaños en el Congreso y la distribución de miles de millones de dólares federales a los estados y localidades en la próxima década.
“La Constitución requiere que todos en los Estados Unidos sean contados, es un principio básico de nuestra democracia que la representación se asigne de manera equitativa a los estados en función de sus poblaciones”, declaró el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Dale Ho, quien está dispuesto a defender a los retadores.
“La adición de esta pregunta es un ataque a ese principio constitucional básico que impactará a todo el país y dañará la representación de las minorías”, agregó el abogado.
Los demandantes incluyen el American-Arab Anti-Discrimination Committee, CASA, ADC Research Institute, Make the Road NY, y la New York Immigration Coalition (NYIC), así como los estados y ciudades de todo el país.
En Bridgeport, Bárbara López, directora ejecutiva de Make The Road CT, declaró a EL SOL News que “la administración Trump intenta recopilar los datos de la ciudadanía de todos los hogares en los Estados Unidos por primera vez en 70 años en otro claro ejemplo de la agenda de la supremacía blanca de esta Administración. Es un intento ligeramente velado para asegurar que nuestras comunidades permanezcan invisibles, con fondos insuficientes y sin voz”.
La activista señaló que “este caso, y nuestra lucha, tiene que ver con nuestro compromiso de garantizar que nuestras comunidades estén representadas de manera justa y con todos los fondos. Si las personas no se cuentan, nuestras comunidades recibirán menos recursos para infraestructura críticas como carreteras, escuelas, hospitales, bibliotecas y otros programas en los que la gente confía todos los días”.
López señaló que “la gente tendrá menos representación en el gobierno si hay un conteo incorrecto del censo. La Corte Suprema debe proteger el censo para que no sea utilizado por la Administración Trump como una herramienta para disminuir nuestro poder político y el acceso a los beneficios y recursos. La cuestión de la ciudadanía debe ser bloqueada”.
Por su parte, Sonia Hernández, líder de Make The Road CT, de Bridgeport, subrayó que“debido a los continuos ataques a las comunidades de inmigrantes, las personas temen revelar su estado de ciudadanía, o la de un ser querido, por una buena razón. La Administración sabe que está funcionando y que agregar una pregunta de ciudadanía reducirá nuestra participación. Ya estimaron que detendría la participación de aproximadamente 6.5 millones de personas.
La cuestión de la ciudadanía impulsada políticamente compromete la responsabilidad constitucional de la Oficina del Censo para llevar a cabo un conteo justo y preciso. Hacer que el censo de 2020 sea correcto es importante para todos, pero especialmente para las comunidades de color como la nuestra que cuentan con una financiación insuficiente y una representación insuficiente en el gobierno, añadió.
“Trabajaremos para asegurarnos de que todos sean contados y que nuestras voces sean escuchadas. Esta es otra oportunidad para mostrar el poder de nuestras comunidades y luchar por la representación y los recursos que necesitamos”, finalizó Hernández.
