HARTFORD.- Dos proyectos de ley que modifican las protecciones que Connecticut brinda a los inmigrantes indocumentados al limitar aún más cuando la policía puede retener a esas personas para el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), fueron aprobadas por la Legislatura estatal.
La Cámara de Representantes votó 79-61 para la aprobación final de las revisiones de la Trust Act de 2013, y se posicionó por segunda vez en seis años para proteger los derechos de debido proceso de los indocumentados.
“El fundamento de esta ley es simple. Todos en este país tienen derecho al debido proceso legal”, declaró el representante Steven Stafstrom (D-Bridgeport), copresidente del Comité Judicial.
La Trust Act de 2013 requería una orden judicial para detener a alguien por el ICE, con siete excepciones, como la que un inmigrante sea considerado una amenaza para la seguridad pública, nombrado en una lista de vigilancia terrorista, condenado por un delito grave o enfrentando cargos penales pendientes o una sentencia definitiva de orden de deportación.
El tema fue bipartidista en 2013, cuando las políticas del ex presidente demócrata Barack Obama estaban en disputa.
No fue así en 2019, ya que con el presidente republicano Donald Trump en la Casa Blanca, los inmigrantes han sido blancos constantes de las autoridades federales.
Ningún republicano votó por la medida el jueves, como fue el caso cuando se aprobó primero en el Senado, el 15 de mayo pasado.
Dos demócratas, los representantes Pat Boyd (D-Pomfret) y Pat Wilson Pheanious (D-Ashford), votaron con el Partido Republicano. Ambos son del este de Connecticut, donde el Estado se dividió sobre Trump en 2016,
Nada fue simple sobre el camino a la aprobación de la ley. Para evitar un rechazo total del Partido Republicano, los demócratas aceptaron las revisiones en el proyecto de ley del Senado, lo que permite a las autoridades hacer más discreción que en la versión original.
Las revisiones se realizaron en un proyecto de ley separado, un paso inusual que salvó al Senado de otro debate sobre una medida que tardó ocho horas en aprobarse.
En lugar de eliminar las siete excepciones, ahora quedan dos: sin una orden judicial, la policía estatal y los funcionarios judiciales aún pueden detener a cualquier inmigrante indocumentado que se encuentre en una lista de vigilancia de terroristas federales o haya sido condenado por un delito grave.
“Este proyecto de ley sigue siendo un gran paso adelante de donde estábamos en 2013. Va lejos en la protección de los inmigrantes indocumentados”, declaró Carlos Moreno, director estatal de la Organización de Familias Trabajadoras, que presionó por el proyecto de ley.
La mayoría de los inmigrantes detenidos por el ICE lo hacen sobre la base de estar sujetos a una orden de deportación definitiva, indicó Moreno.
Es raro o sin precedentes que alguien en Connecticut sea detenido por estar en una lista de vigilancia terrorista, agregó.
Los republicanos dijeron que el proyecto de ley prohíbe erróneamente que las autoridades estatales cooperen con los funcionarios federales de inmigración.
Al citar una investigación realizada por una clínica de inmigración en la Yale Law School, la Connecticut Immigration Rights Alliance (CIRA) se quejó en marzo pasado de que algunos oficiales judiciales, que brindan seguridad en los juzgados y encarcelamientos estatales, impusieron la detención civil de inmigrantes en una posible violación de la ley de 2013.
Un solo alguacil fue responsable de hacer cumplir más de la mitad de las detenciones deL ICE durante un período de un año revisado desde septiembre de 2016. Pero el informe del grupo indicó que 45 de las 50 personas detenidas por EL ICE estaban bajo una orden final de remoción, uno de los criterios permitidos en la ley de 2013 pero no en la versión de revisión.
Según Pew Charitable Trusts, Connecticut es uno de los nueve estados que tiene leyes que limitan la cooperación de los tribunales locales y la aplicación de la ley con el ICE, mientras que nueve estados han aprobado leyes contra las ciudades santuario.

HARTFORD.- Los legisladores de Connecticut debatirán esta semana el acuerdo presupuestario de dos años por 43 mil millones de dólares que el gobernador Ned Lamont alcanzó con los líderes demócratas la semana pasada.
El presidente de la Cámara de Representantes, Joe Aresimowicz, declaró que uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la universidad comunitaria libre de deudas para los estudiantes. Tendrá efecto en el segundo año del presupuesto bienal.
“Es difícil para los estudiantes con dificultades de Connecticut pagar el préstamo estudiantil de la deuda. Solo tendrían dos años para el grado estándar de deuda universitaria y si continúan con un título avanzado, tendrían los típicos cuatro años de deuda universitaria y eso puede truncar su futuro”, expresó Aresimowicz Agregó que Connecticut aprovecharía los dólares federales para hacer que la comunidad universitaria esté libre de deudas.
Según el legislador, el acuerdo presupuestario tampoco cambia la fórmula de costos compartidos de educación del Estado.
Las ciudades y pueblos esperarán recibir los fondos para la educación pública de acuerdo con el último presupuesto del Estado.

HARTFORD.- Los amigos y familiares de un inmigrante de Stamford, se reunieron el lunes pasado, para pedirles a los legisladores federales que impidan que sea deportado.
Los defensores de Santiago Núñez, de 24 años, se manifestaron afuera de la Corte de Inmigración de Hartford, para exigir su liberación inmediata.
Núñez fue detenido por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Arizona, después de ser detenido con su esposa.
El 16 de febrero pasado, Santiago estaba disfrutando de un viaje al Gran Cañón. En el camino de vuelta, fueron detenidos por el ICE debido a sus placas de Connecticut.
El inmigrante ha estado detenido durante los últimos cinco meses y recluido en el Centro Correccional de Florence, Arizona, por quedarse después de que su visa expiro, cuando tenía solo 6 años de edad.
“Santiago vino aquí, a los Estados Unidos, cuando tenía 6 años, y no creo que tenga algún recuerdo de cuando estuvo en Uruguay. Ha construido una vida aquí y está casado con una ciudadana estadounidense”, declaró ex la amiga del inmigrante, María Salazar.
En un esfuerzo por rescindir su orden de deportación, la familia de Núñez se reunió, el lunes pasado, con los asistentes del senador federal Chris Murphy.
Los defensores intentan que los funcionarios se unan para liberar a Núñez para que pueda regresar con su familia a Stamford y su comunidad.
Según amigos y familiares, a Núñez no se le han dado otras opciones posibles además de la deportación, y dicen que ha enfrentado duras condiciones mientras ha estado detenido.
En una carrera contra el tiempo, la familia ha reunido firmas para la liberación de Núñez y se comunicará con el senador Richard Blumenthal a continuación.

Los dos demócratas señalaron que imponer aranceles a México perjudicaría al Estado, elevando los precios para las empresas estatales y los consumidores que compran bienes y materiales de ese país latinoamericano

WASHINGTON DC.- Los senadores federales de Connecticut, Chris Murphy y Richard Blumenthal criticaron al presidente Donald Trump por amenazar con aumentar las tarifas contra México, que es el quinto socio comercial más importante del Estado.
Los dos demócratas de Connecticut señalaron que han oído hablar de las empresas en Connecticut que dicen que imponer aranceles a México perjudicaría al Estado, elevando los precios para las empresas estatales y los consumidores que compran bienes y materiales de México.
Connecticut realiza negocios por un valor aproximado de 3.5 mil millones de dólares con México, al exportar mil millones de dólares e importar 2.5 mil millones en 2017, según datos compilados por Naftamexico.net.
“El impacto en Connecticut eventualmente será catastrófico. He oído hablar de negocios que están preocupados en Connecticut por estas amenazas. Hay una serie de grandes corporaciones que están desconcertadas, frustradas y enojadas” indicó Blumenthal.
“Nadie en Connecticut está interesado en pagar más por los bienes de consumo simplemente porque el Presidente no puede obtener su muro fronterizo”, señaló Murphy.
“No apoyaré estas tarifas y creo que lo más probable es que nunca se pongan en práctica. El presidente Trump dice que hay un millón de cosas que no son ciertas todos los días y esta es probablemente otra de esas cosas que no son ciertas”, agregó el legislador federal.
Trump ha amenazado con imponer un arancel del 5 por ciento a los productos mexicanos a partir de la próxima semana, y los aranceles aumentarán hasta el 25 por ciento en las próximas semanas hasta que se alcance un acuerdo con el gobierno mexicano para detener el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur. Los funcionarios mexicanos estaban programados para reunirse con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo esta semana para discutir el problema de la frontera.
Un día antes en Londres, Trump indicó que esperaba que las tarifas se impongan la próxima semana mientras continúen las conversaciones.
“Creo que es más probable que las tarifas continúen, y que probablemente estemos hablando durante el tiempo en que las tarifas estén vigentes y que se pagarán”, agregó Blumenthal.
El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, señaló que las tarifas no son populares dentro de su grupo. Planea esperar y ver si se imponen antes de tomar alguna medida legislativa.
Indicó que la próxima semana podría tomarse una resolución de desaprobación. Trump ha dicho que tal esfuerzo por bloquear las tarifas sería algo “tonto”.
Blumenthal predijo que Trump “luchará para encontrar una manera de salir de esto” porque imponer tarifas tan impopulares sería un costo para la economía y, a su vez, para los republicanos.
Murphy tampoco espera que las tarifas se impongan por razones similares.
Señaló que una votación en el Senado sobre una resolución de desaprobación podría producir una pérdida desigual para Trump, algo que no le gusta.
“Por la razón que sea, esta medida (aumento de los aranceles mexicanos) ha roto la espalda de los republicanos en el Senado. Ya sabes, hay un voto obligatorio que tiene que suceder sobre esto. Si el Presidente presiente que va a perder ese voto por un amplio margen, entonces tal vez piense en retirar la idea”, finalizó Murphy.