NUEVA YORK.– La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, salió en defensa de la comunidad inmigrante, al oponerse a una norma de la Administración del presidente Donald Trump que, según los defensores, limita ilegalmente el acceso de los inmigrantes al proceso de asilo.
Bajo la nueva medida, las personas que ingresen a los Estados Unidos por la frontera sur con México, excepto en circunstancias limitadas, ya no podrán solicitar asilo a menos que soliciten y se les niegue la protección en al menos un país por el que transitaron antes de su llegada a los Estados Unidos por la frontera.
En un escrito “amicus” presentado esta semana en apoyo de una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el caso East Bay Sanctuary Covenant v. Barr – la fiscal general Letitia James y otros 22 fiscales estatales instaron a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, a que confirme el fallo de la Corte de Distrito que impone una orden judicial preliminar sobre la regla.
“Estados Unidos siempre se ha mantenido como un faro de esperanza para aquellos que buscan refugio de guerras y del terror en casa, y, bajo nuestra supervisión, lucharemos para asegurarnos de ser fieles a lo que somos como nación”, declaró la fiscal James.
“Mientras los niños y las familias huyen de la persecución, la Administración Trump continúa usándolos como peones en su juego de ajedrez político. El mensaje encarnado por la Estatua de la Libertad es claro: ‘Desde el faro de su mano brilla la bienvenida para todo el mundo’. Este país está abierto a todos, no solo a aquellos que el Presidente y su Administración consideran aceptables”, agregó la funcionaria.
Tras la presentación de carta de comentarios, preparada en agosto, y en la que expresaban su oposición a la regla, la coalición de los Fiscales Generales argumentó en el escrito que la norma se apartaría significativamente de los valores fundamentales consagrados en las leyes federales y que perjudicaría específicamente a los solicitantes de asilo.
Los estados miembros de la coalición acogen con beneplácito y se benefician de los solicitantes de asilo y al promulgar la medida, la Administración Trump no proporcionó una notificación adecuada lo que representa una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, señaló James.

La norma obligaría a los solicitantes de asilo a pasar por lo que podría equivaler a un proceso de asilo infructuoso en un tercer país potencialmente peligroso, solo para tener la oportunidad de ser elegible para el asilo en los Estados Unidos.
Esto no solo sometería innecesariamente a los solicitantes de asilo a peligros y traumas durante todo el proceso, sino que también podría alentar a los inmigrantes a intentar viajes riesgosos para ingresar a Estados Unidos sin ser detectados en un esfuerzo por huir de la persecución.
Además, la medida tendría un efecto particularmente negativo en los niños no acompañados, los solicitantes miembros de la comunidad LGBTQ y las mujeres, para quienes solicitar asilo en un tercer país es extremadamente peligroso.
Ejemplo de ello, es lo que sucede a dos tercios de los solicitantes de asilo LGBTQ y centroamericanos que fueron víctimas de actos de violencia sexual mientras transitaban por México y, lo ocurrido en Guatemala, donde los niños son frecuentemente blanco de reclutamiento por pandillas o bandas criminales. Además, la regla haría que las agencias estatales y las organizaciones sin fines de lucro desvíen recursos para abordar el trauma adicional que los solicitantes de asilo sufren debido a las condiciones precarias en los terceros países, al tiempo que obligarán a los Estados a perder las contribuciones económicas de aquellos que, de otro modo, podrían haber sido bienvenidos a los Estados Unidos.
Para la presentación de este escrito, la fiscal general James contó con el respaldo y firma de los Fiscales Generales de los estados de California, Carolina del Norte, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.

WHITE PLAINS.- Los inmigrantes indocumentados obtuvieron una gran victoria en Nueva York este año con la aprobación de una legislación que les permite el acceso a las licencias para conducir.
A partir de diciembre, Nueva York se unirá a la creciente ola de estados con tales políticas.
En el vecino estado de Connecticut, ya se han visto resultados positivos, que incluyen carreteras más seguras para todos, beneficios económicos y una mayor tranquilidad para los inmigrantes, de acuerdo con los defensores.
En 2015, Connecticut transformó su Estado y la vida de miles de familias inmigrantes con una ley que ofrece licencias para conducir para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.
Este año, Nueva York siguió a otros, como Colorado, Nuevo México, Nevada y Utah, con políticas similares.
Desde entonces, más de 50 mil inmigrantes indocumentados en Connecticut han solicitado una licencia para conducir.
Con más conductores con licencia y asegurados, los datos han demostrado que las carreteras se han vuelto más seguras para todos los conductores.
Además, ha habido una entrada de 7.5 millones de dólares para el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Connecticut durante los últimos cuatro años, ingresos que superaron en gran medida el costo de implementación de la ley de 300 mil dólares.
Una licencia de conducir es necesaria para todos los residentes, especialmente fuera de las áreas urbanas.
Ante el transporte público limitado o inexistente y sin el acceso a las licencias para conducir, las familias indocumentadas en Connecticut solían tener que elegir entre quedarse varados o conducir sin una licencia.
Quienes condujeron se arriesgaron a una parada de tráfico de rutina que podría resultar en un posible arresto o en el peor de los casos, en la deportación.
Rosa Romero, una madre soltera de tres hijos en Connecticut, que anteriormente estaba demasiado asustada para conducir porque no podía obtener una licencia, declaró que “mi vida cambió cuando pude obtener mi licencia para conducir. Ahora puedo llevar a mis hijos a la escuela, ir a trabajar y pasar más tiempo con la familia sin temor. Poder tener una licencia para conducir me hace sentir seguro y libre”.

Ahora, las familias como las de Rosa, especialmente aquellas que viven fuera de las grandes ciudades y las que tienen que viajar largas distancias para ir a su trabajo están en mejores condiciones para ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela y ocuparse de otras tareas básicas como ir al supermercado .
En las áreas rurales y suburbanas de Nueva York, puede ocurrir lo mismo, beneficiando a las personas que buscan una mejor vida en el Estado.
Después de una campaña de organización inspiradora dirigida por los inmigrantes neoyorquinos y apoyada por una amplia coalición de residentes de Nueva York, el Estado se unirá a otros 13 estados y obtendrá beneficios similares a los que se ha experimentado en Connecticut.
Entre esos beneficios destacan la seguridad vial mejorada, un impulso a las arcas estatales, y mayores protecciones para las personas vulnerables.
En Nueva York, el Instituto de Política Fiscal estima que 752 mil personas serán elegibles para solicitar una licencia para conducir al final del año, y es probable que más de 250 mil la soliciten en los primeros tres años.
Este aumento en el registro no solo cubrirá el costo del DMV, sino que creará un estimado de 57 millones de dólares en ingresos anuales adicionales y 26 millones de dólares en ingresos únicos para los gobiernos estatales y locales y autoridades de tránsito.
La misma investigación encuentra que el Estado debería ver una reducción en los accidentes de tráfico, al igual que en Connecticut, porque todos los conductores en la carretera tendrán que tomar previamente una prueba escrita y practica en la carretera.
Esta victoria histórica también jugará un papel crítico en mantener unidas a las familias.
La igualdad de acceso a las licencias para conducir en Connecticut y otros estados ha brindado una protección crítica para las familias inmigrantes, para quienes una mera detención del tráfico en el pasado podría significar una deportación.
El acceso a las licencias para conducir en Nueva York protegerá de manera similar a los inmigrantes indocumentados, quienes ya no tendrán que preocuparse por una posible separación de sus seres queridos.
Los opositores antiinmigrantes de la nueva ley ahora están tratando de detener la implementación de esta nueva ley, incluso con dos demandas inminentes.
Si bien estas demandas por motivos raciales intentan desacreditar la ley de las licencias para conducir, tales demandan pueden no fructificar ya que estas políticas tienen una base legal sólida y ha funcionado bastante bien.
Permitir a todos los conductores, independientemente de su condición de inmigrantes, el acceso a una licencia para conducir tiene sentido, comentaron los defensores, quienes agregaron que ahora, para fin de año, los neoyorquinos también comenzarán a ver los beneficios para las comunidades de todo el Estado.

En el Estado la medida puede afectar a un poco más de dos millones de personas, incluyendo a más de 600 mil niños

PORT CHESTER.- El martes 15 de octubre entrará en vigencia el Reglamento de la Carga Pública del gobierno federal, que afectará a ciertas personas que reciben los beneficios públicos.
Según la disposición, dichas personas no calificarán para la residencia permanente, conocida como la green card o tarjeta verde.
De acuerdo con el Gobierno, la medida asume que ciertos factores determinan si una persona que busca la residencia permanente carece de la autosuficiencia económica necesaria para vivir en el país sin tener que depender del gobierno.
La regla de Carga Pública ha creado mucho pánico entre la población inmigrante, ya que dicha medida podría afectarles su futuro, al enfrentar un fuerte obstáculo para cambiar su estatus migratorio.
En el estado de Nueva York, la Oficina para Nuevos Americanos (ONA) busca informar y ayudar a los millones de inmigrantes que residen en el Estado a obtener las respuestas necesarias a sus muchas preguntas sobre esta nueva medida.
En Nueva York, esta medida puede afectar a un poco más de dos millones de residentes, incluyendo a más de 600 mil niños.
De acuerdo con la agencia, el trabajo de la Oficina para Nuevos Americanos (ONA) es ofrecer la asistencia y asesoría legal adecuada para que los inmigrantes no tomen decisiones drásticas basadas en el miedo.
Si la medida entra en vigor creará un efecto dañino para los inmigrantes, señaló la agencia.
Aún aquellos inmigrantes vulnerables que no se verán afectados por la medida, podrían acabar dejando de utilizar los beneficios para la salud o de vivienda poniendo en peligro a sus familiares familia, por miedo a enfrentar consecuencias negativas por parte del gobierno federal, en especial por las autoridades de inmigración, indicó la ONA.
La Oficina ha estado realizando una campaña extensa, incluyendo bancos telefónicos en colaboración con oficinas de gobiernos locales, medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones legales con el fin de ayudar a informar a la comunidad inmigrante sobre las posibles consecuencias de esta nueva regla.
La agencia también busca crear conciencia a los inmigrantes que no es momento de tomar decisiones repentinas y basadas en miedo. Se debe buscar asesoría legal de confianza y así conseguir las respuestas correctas para poder actuar de acuerdo a cada caso.
Para obtener asistencia legal asistencia gratuita, pueden llamar a la línea de ayuda de la ONA del estado de Nueva York al 1-800-566-7636.