John Roberts presidirá el juicio político contra el mandatario estadounidense en el Senado. La Cámara Alta funcionará como una especie de tribunal ante la que el Presidente deberá responder por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso
WASHINGTON DC.- El Senado echó a andar el ‘impeachment‘ o juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump. En el proceso, que se espera dure al menos dos semanas, se decidirá si el mandatario es culpable de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, lo que causaría su destitución.
Uno de los actos principales de la jordana de este 16 de enero fue la juramentación del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, para presidir el juicio. El juez, nombrado en el máximo tribunal por el expresidente republicano George W. Bush, en el año 2005, prometió que hará “justicia imparcial” durante el proceso.
Posteriormente, y frente a la divida Cámara Alta, Roberts tomó el juramento de los senadores que asumirán el rol de jurados durante el ‘impeachment‘ que comenzará formalmente el 21 de enero.
Minutos antes y en el mismo recinto, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, leyó formalmente los cargos de los que se acusa a Trump. El líder demócrata presidirá el grupo de siete legisladores que fueron designados y aprobados por la Cámara Baja para actuar como fiscales en el juicio. Entre ellos también se destaca el jefe del Comité Judicial, Jerry Nadler.
“El presidente Trump demostró que seguirá siendo una amenaza para la Constitución, si se le permite permanecer en el cargo (…) el presidente Trump garantiza la acusación y el juicio, destitución del cargo y descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, fideicomiso o lucro en los Estados Unidos”, señaló Schiff.
La oficina supervisora del Gobierno dice que bloqueo de ayuda a Ucrania fue ilegal
Uno de los cargos por los que será juzgado el presidente es el de abuso de poder. El mandatario es acusado de bloquear a Ucrania cerca de 400 millones de dólares en ayuda militar, a cambio de que este Gobierno investigara al exvicepresidente Joe Biden, quien figura como su principal rival en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre.
Este mismo 16 de enero, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) emitió un informe en el que consideró que dicho movimiento por parte del mandatario fue ilegal. “La ejecución fiel de la ley no permite que el presidente sustituya sus propias prioridades políticas por las que el Congreso ha promulgado como ley”, dijo el organismo de control del Congreso.
“Me acaban de enviar a juicio político por hacer una llamada perfecta”, dijo a través de su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump, refiriéndose a la conversación que sostuvo con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y en la cual habría presionado para dichas pesquisas contra Biden.
Solo dos mandatarios habían llegado hasta este punto y ambos se salvaron de ser relevados de sus cargos. El primero, fue Andrew Johnson, quien en 1868 fue acusado de 11 cargos y, el segundo, Bill Clinton en 1998 por mentir bajo juramento y obstruir la justicia tras declarar falsamente que no sostuvo una relación con una interna de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.
