WASHINGTON DC (EFEUSA).- Varias organizaciones de derechos civiles y asistencia legal acusaron hoy al presidente Donald Trump y a funcionarios de su Gobierno de poner el sistema de tribunales de inmigración del país “al servicio de una agenda contra los inmigrantes”, en una demanda presentada ante un tribunal federal en Oregon.

“A lo largo de los últimos tres años, el Gobierno de Trump ha erosionado toda legitimidad que el sistema de tribunales de inmigración pudiera tener”, afirmó en una conferencia de prensa tlefónica Melissa Crow, del Southern Poverty Law Center, un grupo de derechos civiles con sede en Alabama.

La querella presentada ante la División Portland del Tribunal Federal del distrito de Oregon menciona como demandados al presidente Trump; al secretario de Justicia, William Barr, y a James McHenry, director ejecutivo de la Oficina para Inmigración en la Casa Blanca.

“Los tribunales de inmigración hacen, día a día, decisiones de vida o muerte: las personas vulnerables que buscan asilo en Estados Unidos dependen de un sistema que funcione para protegerles de la persecución la tortura y la muerte”, indicó la demanda.

“Pero en los tribunales de inmigración la tradición de independencia judicial se ha puesto patas arriba”, agregó.

“La disfunción sistémica y la motivación anti inmigrante crean una realidad kafkiana en la cual la Fiscalía se mezcla con el magistrado y la meta final es la deportación más que la adjudicación justa”.

Entre los demandantes se incluyen el Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo; la Red Católica de Asistencia Legal para Inmigración, Innovation Law Lab, y los “Soñadores de Santa Fe”.

“No es un secreto que los tribunales de inmigración están en crisis”, añadió Crow. “El gobierno de Trump no se ha ocupado de resolver los problemas y, en cambio, ha convertido el sistema en un arma contra los inmigrantes, una máquina de deportación”, dijo.

Linda Corchado, del Centro Las Américas de Abogacía para Inmigrantes, expresó por su parte que el trabajo de grupos como el suyo “dependen de que haya jueces independientes y, lamentablemente, éste no es el caso”.

“A medida que la retórica política en torno a los inmigrantes se ha vuelto más ríspida, hemos notado un deterioro en el tratamiento que nuestros clientes reciben en el tribunal de inmigración”, agregó Corchado.

“Los solicitantes de asilo tienen derecho a una audiencia plena y justa, pero a menudo sus trámites se aceleran y los jueces niegan los pedidos sin tiempo para preparar la documentación que, a veces, proviene de otras partes del mundo”.

Conchita Cruz, del Proyecto de Abogacía para Solicitantes de Asilo, indicó que “el gobierno de Trump ha hecho todo lo posible por hacer más difícil los trámites para quienes llegan a este país huyendo de la violencia y piden asilo”.

WASHINGTON DC- La Cámara de Representantes aprobó esta semana un proyecto de ley bipartidista que otorgaría estatus legal a miles de trabajadores agrícolas indocumentados.
Si bien los esfuerzos legislativos anteriores que buscaban legalizar a un mayor número de inmigrantes indocumentados han fracasado, la votación del miércoles es significativa tanto por lo que intenta lograr como por el apoyo republicano que recibió. El proyecto de ley fue aprobado con un voto bipartidista de 260-165, aunque enfrenta un futuro incierto en el Senado.
La medida proporcionaría un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que trabajan en la agricultura, reforma un programa agrícola temporal utilizado por los empleadores y exige que las empresas verifiquen si los trabajadores están legalmente en Estados Unidos a través de un sistema federal.
En conjunto, las reformas establecidas en la legislación tienen el potencial de provocar cambios radicales en una industria que depende de inmigrantes indocumentados. Según el Centro de Investigación Pew, en 2016, los inmigrantes sin estatus legal representaban el 15% de los trabajadores en la industria agrícola.
El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, Jerry Nadler subrayó los desafíos laborales que enfrenta el sector agrícola.
“Desafortunadamente, nuestras leyes de inmigración no se han actualizado para reflejar las necesidades de nuestra economía del siglo XXI”, dijo el demócrata de Nueva York en un discurso en la Cámara de Representantes. “Debido en gran parte a estas leyes obsoletas, los trabajadores indocumentados ahora comprenden aproximadamente la mitad de la fuerza laboral agrícola. Pero viven y trabajan en un estado de incertidumbre y miedo, lo que contribuye a la desestabilización de las granjas en todo el país”.
En los últimos meses, la administración Trump ha incrementado la aplicación de la ley de inmigración en los lugares de trabajo, incluso en el sector agrícola. En agosto, las autoridades de inmigración de EE. UU. hicieron redadas en instalaciones de procesamiento de alimentos en todo Mississippi, deteniendo a casi 700 inmigrantes indocumentados.
En noviembre, más de 300 grupos agrícolas enviaron una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría, Kevin McCarthy, respaldando el proyecto de ley de agricultura y pidiendo a la Cámara “que aborde la crisis laboral que enfrenta la agricultura estadounidense”.
“Asegurar una fuerza laboral confiable y calificada es esencial, no solo para la industria agrícola sino para la economía de los Estados Unidos en general”, escribieron.
La inmigración ha sido un tema polémico en el Capitolio durante años. Desde que tomaron la mayoría de la Cámara, los demócratas han tratado de impulsar la legislación para abordar la población indocumentada en Estados Unidos, pero con poco éxito en el Senado.
En junio, por ejemplo, la Cámara aprobó un proyecto de ley que proporcionaría un camino a la ciudadanía para más de un millón de inmigrantes indocumentados. Todavía está ante el Senado.