HARTFORD.- Los líderes legislativos republicanos quieren asegurarse de que los municipios contabilicen adecuadamente los fondos federales de COVID-19 que recibieron y deben usar antes de fin de año.
El lunes pasado, el líder republicano del Senado, Kevin Kelly, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Vincent Candelora, renovaron sus llamados para que la Administración lleve a cabo audiencias públicas sobre la supervisión de estos fondos de ayuda de COVID-19.
La solicitud sigue al supuesto robo de más de 600 mil dólares en fondos de ayuda de COVID-19 en West Haven.
La semana pasada, el Connecticut Mirror informó que la ciudad de West Haven también gastó fondos de ayuda de COVID-19 en una banda de música de 20 personas y transporte, monedas conmemorativas de agradecimiento para los empleados municipales y decoraciones navideñas, en lugar de socorro y ayuda.
Al mismo tiempo, la Ciudad ha estado bajo supervisión estatal debido a una mala gestión fiscal.
Las ciudades y pueblos enviaron información sobre sus gastos de COVID-19 a la Oficina de Política y Gestión (OPM) del Estado.
Una hoja de cálculo de cómo cada ciudad gastó sus fondos de COVID-19 se encuentra en el sitio web.
La Oficina de Política y Gestión explicó en una carta a los municipios que habrá una auditoría del gasto que hacen.
“Los gastos del Fondo Federal de Alivio del Coronavirus (Ley CARES) están sujetos a una Auditoría Única por parte de un Inspector General dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, escribió el subsecretario de la OPM, Martin Heft, en una carta de octubre pasado.
“Documentar que los costos son usos elegibles es esencial para administrar el riesgo de cumplimiento y minimizar la posibilidad de que los costos se consideren no elegibles, por lo que se requiere que el municipio y el Estado deban devolver fondos al gobierno federal”, agregó Heft en la carta.
Hubo usos muy específicos para los fondos de COVID-19.
Los únicos gastos que se pueden cubrir son los “gastos necesarios incurridos debido a la emergencia de salud pública con respecto a la enfermedad del Coronavirus (COVID-19)”.
Cuando los fondos federales comenzaron a fluir hacia el Estado, la OPM pidió a las ciudades y pueblos que hicieran un seguimiento de los fondos.
“Mantenga registros precisos y materiales de respaldo apropiados para cualquier gasto relacionado con la pandemia de COVID-19, ya que estarán sujetos a revisión y auditoría”, advirtió la secretaria de la Oficina de Política y Administración, Melissa McCaw, en una carta de abril de 2020.
“En los sistemas de su plan de cuentas, se recomienda establecer un departamento específico dentro de la función de salud y bienestar para realizar un seguimiento de los gastos relacionados con el COVID-19. Esto ayudará a rastrear y buscar reembolsos en una fecha posterior”, escribió McCaw.
Kelly y Candelora dijeron que el esfuerzo por obtener más transparencia del Estado debería ser bipartidista.
“El poder ejecutivo estableció un sistema para distribuir los fondos de ayuda de COVID-19 sin aportes legislativos. Dentro de ese sistema, ocurrió un supuesto mal uso de fondos atroz, en una ciudad que se suponía que el Estado ya estaba observando muy de cerca. Necesitamos determinar si el Estado implementó prácticas laxas, preferiblemente en un esfuerzo bipartidista con total transparencia pública para que podamos tomar medidas inmediatas para fortalecer las salvaguardas”, escribieron Kelly y Candelora.
La ciudad de West Haven ya estaba bajo la Junta de Revisión de Responsabilidad Municipal, que supervisa las finanzas de West Haven, Hartford y Sprague y está presidida por McCaw.
La OPM quiere que los auditores externos revisen cómo los funcionarios de West Haven gastaron los fondos de ayuda pandémica, incluido el uso de dinero para pagos compensatorios a los empleados.
