HARTFORD.- Los empleados de la rama legislativa deberán cumplir con la orden del gobernador Ned Lamont que requiere la vacunación contra el COVID-19 o pruebas semanales antes del 1º de noviembre, anunció el Legislative Management Committee, el viernes pasado.
Jim Tamburro, director ejecutivo del Comité, hizo el anuncio a través de un correo electrónico a los empleados.
“Junto con la orden ejecutiva del gobernador Lamont estamos exigiendo que todos los empleados legislativos estén completamente vacunados contra el COVID-19. Debe recibir su primera dosis de vacuna y programar su segunda dosis, o solicitar una exención médica o religiosa de la vacuna antes del lunes 1º de noviembre”, expresó Tamburro.
Como es el caso de la mayoría de los trabajadores del Poder Ejecutivo, los empleados pueden optar por realizar una prueba de infección en lugar de vacunarse sin necesidad de una exención médica o religiosa.
El requisito no se aplica a los miembros electos de la legislatura, que no se consideran empleados tradicionales y los cuatro caucus pueden hacer cumplir requisitos diversos.
Se espera que los demócratas electos de la Cámara, por ejemplo, sean vacunados o muestren resultados de pruebas recientes, manifestó un portavoz.
Se esperaba el anuncio para los empleados, ya que la legislatura señaló que planeaba hacer lo mismo poco después de que Lamont anunciara el requisito para los aproximadamente 30 mil empleados de la rama ejecutiva en agosto.
Desde entonces, la administración ha informado que alrededor del 98% de los trabajadores de la rama ejecutiva cumplieron con la vacunación o el acuerdo para realizar la prueba semanalmente.
Hasta el viernes pasado, la administración había tomado medidas disciplinarias contra 45 trabajadores por incumplimiento, incluidos 28 empleados en período de prueba que habían sido despedidos y 17 empleados que fueron puestos en licencia sin goce de sueldo.
Según un acuerdo con los sindicatos que representan a los empleados estatales, los trabajadores pueden permanecer en licencia sin goce de sueldo hasta 45 días antes de correr el riesgo de perder sus puestos de trabajo.
El Poder Judicial también implementó la orden de vacunación o pruebas y reportó altos niveles de cumplimiento.
Hasta el viernes pasado, prácticamente todos los aproximadamente 3 mil 200 trabajadores de la rama estaban vacunados o cumplían con el regimiento de pruebas semanales, indicó un portavoz.
La State Employee Bargaining Agent Coalition ha presionado para que la administración extienda la opción de pruebas semanales a los empleados de ciertos hospitales estatales e instalaciones de atención a largo plazo donde la orden requiere la vacunación de los empleados.
A los sindicatos les preocupa que la aplicación estricta de la orden de vacunas empeore la escasez de personal existente.
“Los sindicatos de la State Employees Bargaining Agent Coalition (SEBAC) continuarán arrojando luz sobre cómo esta escasez en múltiples agencias estatales está dañando los servicios públicos y ejerciendo más presión sobre los trabajadores de primera línea, que han estado allí para los ciudadanos de Connecticut durante la pandemia”, manifestó la coalición sindical en una publicación en su sitio web.
El Departamento de Salud Pública publicó datos el viernes pasado que muestran que el 89% de los aproximadamente 61 mil trabajadores de los centros de atención a largo plazo de Connecticut, sujetos al requisito de la vacuna, estaban completamente vacunados contra el virus a partir de la semana pasada. Otro 7% informó estar parcialmente vacunado.
La doctora Manisha Juthani, comisionada estatal de salud pública, elogió las tasas de vacunación.
“Los residentes de nuestras instalaciones de atención a largo plazo son algunos de los ciudadanos más vulnerables de nuestro Estado. Aplaudimos a las decenas de miles de trabajadores de cuidados a largo plazo vacunados por priorizar la salud y seguridad de los pacientes y residentes bajo su cuidado, así como la salud y seguridad de ellos mismos, sus familias y sus compañeros de trabajo”, precisó Juthani.
La próxima semana, la agencia comenzará a emitir multas civiles de hasta 20 mil dólares por día a algunas de las 167 instalaciones de atención a largo plazo que no habían cumplido con los requisitos estatales de información al 8 de octubre, finalizaron las autoridades.
