NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, codirigió una coalición de casi todos los fiscales generales del país para entregar más de 573 millones de dólares a varios estados para detener la crisis de opioides que ha devastado a familias en todo el país.
Un acuerdo y sentencia por consentimiento con McKinsey & Company, una de las firmas consultoras más grandes del mundo, presentada esta semana, resuelve las investigaciones de los fiscales generales sobre el papel de la empresa en el trabajo para las compañías de opioides, ayudando a esas compañías a promover sus medicamentos y obteniendo ganancias de millones de dólares de la epidemia de opioides.
Los fondos del acuerdo, de los cuales más de 32 millones se destinarán al estado de Nueva York, se utilizarán para mitigar los efectos del uso excesivo de opioides en los estados participantes.
Este es el primer acuerdo de opioides multiestatal que genera un pago sustancial a los estados para abordar la crisis.
“Las tácticas de marketing peligrosas de McKinsey ayudaron a impulsar la crisis de los opioides al ayudar a Purdue Pharma a dirigirse a los médicos que sabían que recetarían opioides en exceso”, señaló James.
“Sabían de dónde venía el dinero y se concentraron en él. Según los términos del acuerdo, la empresa finalmente pondrá fin a su conducta ilegal, entregará más de 500 millones de dólares a las comunidades de todo el país y nunca más podrá ayudar a perpetrar este tipo de fraude y engaño. Si bien ninguna cantidad de dinero compensará nunca el dolor de los cientos de miles de muertos, los millones de adictos y las innumerables familias desgarradas por la adicción a los opioides, podemos asegurarnos de que los responsables de la crisis ayuden a financiar la prevención, la educación y el tratamiento de los programas, para evitar que más neoyorquinos y estadounidenses de todo el país se vuelvan adictos a los opioides en primer lugar”, agregó la Fiscal.
Además de proporcionar más de 573 millones de dólares, menos el pago de los costos para abordar la crisis de los opioides, el acuerdo presentado simultáneamente por 47 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de los Estados Unidos, exige que McKinsey libere decenas de miles de sus documentos que detallan su trabajo para el fabricante de OxyContin Purdue Pharma, así como para otros fabricantes de opioides, para su divulgación pública en línea.
Además, McKinsey acordó adoptar un estricto plan de retención de documentos, continuar su investigación sobre las acusaciones de que dos de sus socios intentaron destruir documentos en respuesta a las investigaciones de Purdue Pharma, implementar un estricto código de ética que todos los socios deben certificar cada año y dejar de asesorar empresas sobre narcóticos de la Lista II y III a base de opioides potencialmente peligrosos.
De acuerdo con James, la epidemia de opioides ha causado daños masivos a personas y comunidades en Nueva York y en estados de todo el país durante los últimos 20 años.
Durante este tiempo, casi 500 mil estadounidenses han muerto por una sobredosis de opioides, incluidos más de 20 mil neoyorquinos.
A nivel económico, estas muertes, y los impactos en los neoyorquinos que han luchado con el uso de opioides, han creado costos significativos para Nueva York en forma de atención médica, bienestar infantil, justicia penal y muchos otros programas necesarios para disminuir la epidemia. Además, ha resultado en la pérdida de oportunidades económicas y productividad.
En el nivel social, la adicción a los opioides, el abuso y las muertes por sobredosis han separado a las familias, dañado las relaciones y erosionado el tejido social de las comunidades, finalizó James.
