Tribunal de Apelaciones falla a favor de Nueva York en disputa por licencias comerciales de inmigrantes

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NUEVA YORK.- Un tribunal federal de apelaciones falló a favor del estado de Nueva York en la disputa con el Gobierno del presidente Donald Trump por la emisión de licencias de conducir comerciales a inmigrantes.
El Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos determinó el 13 de noviembre que el Departamento de Transporte federal actuó ilegalmente al retener aproximadamente 73.5 millones de dólares en fondos destinados a carreteras y proyectos de infraestructura como represalia por la negativa de Nueva York a cancelar miles de licencias comerciales otorgadas a conductores no ciudadanos.
La controversia comenzó después de que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) realizara una auditoría del programa de licencias comerciales del estado. Durante la revisión de 200 expedientes, los inspectores identificaron 107 casos que, según las autoridades federales, presentaban incumplimientos de los requisitos establecidos.
Entre las irregularidades señaladas figuraban licencias que permanecían vigentes más allá de la fecha de vencimiento de los permisos de trabajo o documentos migratorios de sus titulares.
Washington exigió que Nueva York revocara aproximadamente 33,000 licencias comerciales, pero las autoridades estatales rechazaron esa exigencia.
El Gobierno federal respondió anunciando la retención de unos 73.5 millones de dólares en fondos para infraestructura vial correspondientes al año fiscal 2027.
Además, amenazó con imponer recortes adicionales que podrían alcanzar aproximadamente 147 millones de dólares anuales a partir de 2028, así como posibles medidas contra la certificación del programa estatal de licencias comerciales.
Ante esta situación, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra la Administración federal, argumentando que el Departamento de Transporte estaba imponiendo sanciones basadas en requisitos que no estaban claramente establecidos en las regulaciones vigentes cuando se emitieron las licencias.
En su decisión, el tribunal concluyó que las autoridades federales no podían castigar al estado por incumplir obligaciones que no estaban suficientemente definidas en las normas aplicables en aquel momento. Los jueces consideraron que la interpretación del Gobierno se apartaba del texto de las regulaciones y no proporcionaba a Nueva York una notificación clara de las exigencias que debía cumplir.
La resolución representa una importante victoria judicial para la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, aunque no significa que todas las licencias cuestionadas hayan sido declaradas válidas ni que el Gobierno federal haya perdido su autoridad para establecer y hacer cumplir requisitos legales de seguridad y elegibilidad.
Tras conocerse el fallo, Hochul y James celebraron la decisión y señalaron que representa una victoria para millones de neoyorquinos que dependen de carreteras y puentes seguros, así como para los conductores que contribuyen a la economía del Estado.
Por su parte, el Departamento de Transporte defendió sus esfuerzos para reforzar los controles sobre las licencias comerciales otorgadas a inmigrantes y sostuvo que la seguridad pública debe ser una prioridad.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate nacional la relación entre las políticas migratorias, los derechos de los trabajadores inmigrantes y las regulaciones del transporte comercial.

 

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