HARTFORD.- El fiscal general de Connecticut, William Tong, se unió a una coalición de 23 jurisdicciones (22 estados y el Distrito de Columbia) en una demanda para bloquear el intento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) de obtener información personal de los beneficiarios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
El programa brinda asistencia alimentaria a millones de personas con bajos ingresos.
La comisionada del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, Andrea Barton Reeves, advirtió que la confidencialidad es una parte fundamental del programa, y que esta solicitud del USDA representa una grave amenaza a la privacidad de las casi 490,000 personas de Connecticut que dependen del SNAP.
La demanda fue provocada por una carta del USDA enviada en mayo, que exigía a los estados entregar información confidencial como números de Seguro Social y direcciones de los beneficiarios.
En caso de negativa, el gobierno federal advirtió que los estados serían considerados en incumplimiento, lo cual podría traducirse en recortes de fondos.
Connecticut recibe aproximadamente 79 millones de dólares al año para administrar el SNAP. Según la oficina del fiscal Tong, cualquier retraso o recorte de esos fondos sería catastrófico para las familias que dependen del programa para comprar alimentos básicos.
El gobierno federal afirmó que la solicitud busca combatir el fraude y los pagos indebidos, pero la demanda argumenta que en realidad es parte de una campaña más amplia para acumular bases de datos masivas con información personal de las personas, sin conexión directa con la fiscalización de beneficios públicos.
Los fiscales generales destacan que el programa SNAP ya cuenta con mecanismos rigurosos de control de calidad y prevención de fraude, y que hasta ahora el gobierno federal solo solicitaba datos limitados para auditorías o muestreos estadísticos, en cumplimiento con leyes de privacidad.
El texto de la demanda también señala que el Congreso ha establecido sistemas específicos para investigar el fraude en el SNAP, los cuales respetan la privacidad y restringen el uso de la información provista por los estados. La nueva solicitud del USDA, según los demandantes, excede esos límites legales.
En 2024, el programa SNAP ayudó a más de 41 millones de personas en Estados Unidos, siendo la mayoría familias con niños, ancianos o personas con discapacidades.
Los estados que se sumaron a la demanda buscan defender la confidencialidad de sus residentes y proteger el acceso a este programa esencial sin poner en riesgo su privacidad.
La coalición de 22 estados incluye: Connecticut, California, Nueva York, Arizona, Colorado, Distrito de Columbia, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Kentucky.
