BRIDGEPORT.- Durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, las principales empresas de servicios públicos de Connecticut llevaron a los tribunales a cientos de consumidores por facturas impagas, e incluso embargaron sus salarios.
El lunes pasado, los reguladores estatales pasaron horas interrogándolos sobre la práctica.
Una agencia estatal de vigilancia cree que las colecciones violaron una prohibición estatal de cortes de servicios públicos que finalizó el verano pasado.
En marzo pasado, la Office of Consumer Counsel solicitó una investigación.
La Public Utilities Regulatory Authority (PURA) del Estado celebró la audiencia del lunes como parte de la investigación.
Según los documentos presentados en el caso, United Illuminating (UI) obtuvo 158 sentencias judiciales contra consumidores y 36 embargos salariales en 2020 y 2021.
Durante ese mismo período, Eversource ganó 45 casos judiciales y 13 embargos.
Todos esos casos comenzaron antes de la pandemia. Una vez que llegó el COVID-19, las empresas de servicios públicos dejaron de iniciar nuevos procedimientos legales, lo que sigue siendo su política en la actualidad.
Las empresas de servicios públicos dicen que se les permitió cobrar facturas vencidas, incluso durante la moratoria de cierre.
Mientras tanto, UI dice que está adoptando un “enfoque suave” para las cobranzas, incluidos planes de pago más flexibles.
PURA espera emitir una decisión propuesta en septiembre y una final un mes después.
